Burgos se sitúa a la cabeza de Castilla y León en número de jubilados activos con 247 en 2018

Según datos de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) Burgos se sitúa a la cabeza de las provincias de Castilla y León en número de jubilados activos con 247 en 2018. Al término de este año había 1.264 ciudadanos en esta situación frente a los 783 de un año antes, el triple de los que figuraban en el sistema cuando entró en vigor (407). Desde entonces, se han acogido a este sistema en la comunidad hasta 3.464 personas.

Una tendencia que se repite en el conjunto del país, donde 16.303 personas habían optado por ella el pasado ejercicio frente a los 10.783 de 2017. Lo que ha arrojado un balance de 43.836 en los últimos seis años.

Analizando los datos por provincias, Burgos se sitúa a la cabeza con 247 jubilados activos en 2018. Por su parte, Valladolid suma 217 demandantes de una prórroga con la que el Ejecutivo central persigue pagar unas «pensiones más dignas» y «garantizar la sostenibilidad» del sistema.

Por detrás figuran los leoneses (167), salmantinos (141), segovianos (122), palentinos (102), abulenses (95), zamoranos (94) y sorianos (79).

Existen requisitos legales que hacen de esta situación un asunto complicado y controvertido, máxime cuando el paro juvenil aún alcanza a un tercio de los menores de 25 años, según refleja la última Encuesta de Población Activa (EPA).

No en vano, los sindicatos siempre han rechazado esta medida por considerarla el «anticipo» del modelo que se desea aplicar en un futuro debido a la precariedad laboral, los bajos salarios y, por tanto, al cobro de pensiones «ridículas» que empujen a la necesidad de contar con una actividad para compensarlas.

El secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO en Castilla y León, Fernando Fraile, ha asegurado a Efe que «perjudica la entrada en el mercado trabajo de personas jóvenes y parados de larga duración, así como el actual sistema de reparto».

Además, ha criticado que la medida se ha llevado a cabo «fuera del marco del diálogo social» y de «manera unilateral» por parte del Gobierno con el único objetivo, ha remarcado, de «privatizar las pensiones».

Sea como fuere, el Ejecutivo está dispuesto a buscar «fórmulas más generosas» para incentivar la prolongación de la vida laboral, sobre todo en colectivos que llegan a ese momento en unas condiciones más livianas.

Pese al incremento del número de altas, la realidad es que tan solo el 0,3 ciento de los jubilados residentes en la Comunidad (1.264 de 388.797) sigue formando parte del mercado de trabajo.