Burgos y Palencia se rebelan contra las macrogranjas porcinas

«Como salga adelante toda esta industria nos vamos a quedar sin un lugar donde poder vivir», advierte en declaraciones a Efe Pedro Gutiérrez, portavoz de la Plataforma Pisoraca y Comarcas Vivas, creada para paralizar un «mega proyecto» formado por 14 granjas porcinas situadas en un radio de 18 kilómetros en la comarca palentina del Boedo y la Ojeada, con más de 88.000 cabezas de porcino.

«Cuarenta veces más que habitantes», apostilla Gutiérrez mientras enumera los detalles del proyecto: dos granjas de madres con 3.600 cabezas en Espinosa de Villagonzalo (180 habitantes) y Montoto de Ojeda (19 habitantes); dos granjas de transición con 16.000 cochinillos en Espinosa de Villagonzalo y La Vid de Ojeda (98 habitantes) y 10 cebaderos de 7.200 cerdas cada uno en otras nueve pequeñas localidades de Palencia y Burgos.

Catorce macrogranjas que se han presentado como un único proyecto promovido por la empresa Decamed Trading SL, que «lo vende», dice Gutiérrez, como «una fuente de desarrollo para la comarca, para fijar y aumentar la población».

«Este tipo de explotaciones ganaderas son un paso atrás en la lucha por la repoblación y el reto demográfico«, advierte al respecto Rafael Garrachón, representante de la Coordinadora de la España Vaciada, que asegura a EFE que »está demostrado« que en los lugares donde se han implantado este tipo de proyectos »todo ha ido a peor«.

Precisamente por eso Garrachón fue uno de los promotores de la plataforma Valdavia Viva que ha conseguido frenar la instalación de una macrogranja en Castrillo de Villavega y evitar «un problema» que él mismo se ha encargado de poner en la agenda del grupo operativo de la España Vaciada. «Nos va la vida en ello. La experiencia es devastadora en todos los sitios donde se han implantado», añade Gutiérrez, insistiendo en que estos proyectos «aceleran la despoblación».

Por eso también, el pasado mes de marzo 32 núcleos de población palentinos y burgaleses, afectados directa o indirectamente por estas industrias expresaron, a través de mociones, su oposición a «la red de macrogranjas» que se quiere instalar en los valles del Boedo, Ojeda, Odra y Pisuerga.

Y es que todos los informes que manejan estas plataformas inciden en los aspectos negativos de estas instalaciones que afectan directamente al incremento del consumo de agua y a la contaminación de los acuíferos donde se ubican las granjas y de las tierras donde se vierten los purines, sin olvidar el efecto negativo en el desarrollo económico, turístico y del patrimonio.

Es difícil entender que se pueda permitir que iglesias románicas como la de Moarves de Ojeda o el monasterio de San Andrés de Arroyo, espacios naturales como la Montaña Palentina o Las Loras, declarado Geoparque mundial por la UNESCO o el Canal de Castilla, vayan a estar rodeados de macrogranjas y purines.

Por eso piden a la Junta de Castilla y León que deniegue las autorizaciones ambientales solicitadas: hay ocho proyectos en proceso de Información Pública y otros seis que se han presentado en los Ayuntamientos pero aun no se han publicado en el BOCYL.

Y, por supuesto, rechazan el decreto ley de simplificación de trámites administrativos y ambientales que ha sacado adelante la Junta esta semana porque «reducirá las garantías ambientales de estos proyectos». «Este decreto es una salvajada», asegura Gutiérrez a pesar de que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, haya mantenido que «no elimina un solo requisito medioambiental» sino que «agiliza los trámites» y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, añada que los cambios «en absoluto» afectan a la normativa que rige para macrogranjas.

Sin embargo, desde Pisoraca insisten en que aunque no se elimine la Evaluación de Impacto Ambiental se elimina el trámite de información pública y no habrá posibilidad de alegar antes de que se empiece a construir el proyecto. «Esto deja totalmente indefensos a los ciudadanos ante los tejemanejes de la Junta que tiene un amplio historial autorizando proyectos que no hay por dónde coger», resume asegurando que este cambio de legislación supone que muchos proyectos que hasta ahora se han paralizado a nivel ambiental puedan ponerse de nuevo en marcha y que Castilla y León se acabe convirtiendo en «el estercolero» de Europa. Porque además del proyecto previsto en el Boedo y la Ojeda, contra el que se han recabado casi 6.000 firmas en la plataforma Change.org, hay otros.

En Meneses de Campos se está tramitando otro proyecto contra el que han alegado Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, que amenaza incluso con llevarlo a los Tribunales, y que además se ubicaría dentro de un Espacio Red Natura 2000 donde hay importantes poblaciones reproductoras de aves esteparias.

Esta misma semana el alcalde de la localidad, Alberto Blanco, cuestionado por ser el primo del presidente del PP, Pablo Casado, retiraba su apoyo al proyecto a causa de las presiones sociales, aunque podría salir adelante si cumple la normativa. Y temen que todavía haya más, porque «los han presentado aprovechando el estado de alarma y la limitación de movimientos para que no se pudieran realizar ni consultas ni actos públicos para informar a la población», advierte Gutiérrez.