Burgos lidera los delitos cometidos por menores en Castilla y León

El de daños es el segundo de la lista estadística, aparece hasta en 45 ocasiones, también muy destacado comparado con el resto de provincias. En Salamanca, segunda provincia en número de casos, el total asciende a 26.

Burgos también lidera los abusos sexuales cometidos por menores, con hasta 13 casos, aunque no las violaciones, que se han cometido tres frente a las nueve registradas en Valladolid. Los hurtos, los robos con violencia o intimidación y los robos con fuerza forman otro grueso delictivo, en las que, en las tres categorías, Burgos lidera en número de casos frente al resto de provincias.

Además, en la memoria fiscal aparecen las infracciones computadas en categorías como delitos de violencia doméstica (28), violencia de género (5), la conducción sin carné (16), conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas (2), conducción temeraria (1) y contra la salud pública (8). En cambio, no se produjo ningún homicidio.

En este apartado, la memoria, además, advierte del aumento de la violencia doméstica hacia ascendientes y hermanos: «En el año 2022 se ha incoado 4.332 causas, lo que supone un descenso del –8,60% respecto del 2021. En el 2020 hubo 4.669 asuntos, frente a los 5.055 de 2019 y de 4.871 del 2018. Las diversas secciones de menores tienen, no obstante, percepciones dispares ya que en la mayoría de los casos las cifras se estabilizan o bajan, pero en ciertos casos, como son los territorios de Málaga, Ourense, Navarra, Tenerife, Burgos, Alicante y Huesca se detectan repuntes».

En cuanto a los delitos contra el orden público, en la categoría de atentados y delitos de resistencia y desobediencia grave, Burgos vuelve a liderar el número de delitos cometidos en la comunidad con 12, por delante de Valladolid, que es la segunda provincia con más delitos de este tipo con nueve.

Los delitos leves registrados en la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2023 alcanzan los 76 contra el patrimonio y los 71 contra personas. En la primera categoría Burgos vuelve a ser la provincia donde más infracciones se registraron, mientras que en la segunda categoría Valladolid superó a la provincia burgalesa (101 frente a 71).

Respecto de las medidas acordadas sobre los menores infractores, en 12 de estos casos se dictaron internamientos, cinco en régimen cerrado, tres en régimen semiabierto, dos en régimen abierto y dos en la unidad terapéutica. La libertad vigilada es la medida más acordada, en 100 ocasiones.

Según los últimos datos de Burgos correspondiente a las estadísticas de la jurisdicción de menores de 2022, el pasado año se incoaron 391 diligencias, de las que 141 fueron archivadas, el 36% del total de las que entraron. De este porcentaje de archivos, casi el 14% (54 casos) corresponde a infracciones cometidas por menores de 14 años, que son inimputables penalmente y, por tanto, estos casos se cierran directamente.

Supervisión de 366 menores en situación de riesgo

Durante el pasado año, la Fiscalía de Menores de Burgos abrió 32 expedientes de tutela automática y se abrieron otros 56 de guarda tras comunicárselo a Servicios Sociales de la Junta, que es la administración competente en materia de protección de menores. Hay 366 niños en Castilla y León bajo supervisión de los técnicos sociales al valorar que sus circunstancias de vida son «de riesgo». Se considera que un menor se encuentra en una situación de riesgo cuando su desarrollo y bienestar se ven limitados o perjudicados por cualquier circunstancia personal, social o familiar que suponga un déficit en el ejercicio de las responsabilidades por parte de sus progenitores. Estas situaciones pueden corregirse con medidas de apoyo que no implican la salida del menor de su entorno familiar.

Además, la Fiscalía, en su memoria anual señala como «preocupante» la insuficiencia de centros específicos para «menores con problemas de conducta, careciendo de los mismos diversas provincias como Baleares, Toledo, Burgos, Extremadura, Palencia, Guadalajara, Cuenca, La Rioja y Bizkaia, lo que supone que menores con comportamientos disruptivos convivan con menores en fase de integración educativa, dificultando considerablemente el trabajo con unos y otros».