Los burgaleses fuman 350 millones de cigarrillos menos desde la ley antitabaco de 2006

En cambio, los ingresos por la venta de cigarrillos aumentaron en 2018 con respecto a 2006 en 5.321.071 euros. El aumento del precio del tabaco es una de las medidas disuasorias que más efectos positivos produce. El descenso de las ventas se amortigua por el alza del precio.

La adicción al tabaco desciende. Así lo demuestran las cifras de venta de cigarrillos, tabaco de liar y de pipa –solo los puros han experimentado un incremento que ya parece congelarse o descender– y también lo reflejan las diversas encuestas y estudios sobre tal hábito. Es la cara buena de los logros de la ley antitabaco –pese a su consolidación y relajación de inspecciones– que facilitó también el exponencial incremento de los precios. La mala es la de que mientras desciende su consumo entre los varones, las mujeres se incorporan al hábito, aunque aún por debajo de ellos y de forma lenta. Las cifras globales registran un descenso pero muy leve y depende de informes; pero el tabaco es responsable de al menos el 30% de las muertes.

El 35,8 de los castellanos y leoneses fuman, según el informe más reciente del Observatorio del Ministerio de Sanidad. La cifra desciende al 21,1% en el informe de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Ambos análisis la sitúan por debajo de la media española. Y negativo también es el descenso de la edad de inicio y también la de, al parecer, muy poco eficaz prevención entre menores que siguen incorporándose al cigarrillo cuando llega la adolescencia.

Los centros de salud siguen luchando con su servicio de deshabituaicón tabáquica, la Asociación Española Contra el Cáncer también con terapias propias... y ahora, desde este 1 de enero de 2020, se incorporan a la financiación pública fármacos caros para el bolsillo privado; aunque no válidos ni mucho menos para todos los fumadores porque, en absoluto, son inocuos. Para ambos se describen posibles problemas psiquiátricos y malos compañeros de las depresiones.

La vareniclina y el bupropion se incluirán así en la prestación farmacéutica, tras el acuerdo alcanzado en la Comisión Interministerial de Precios y la resolución del Ministerio. Su prescripción se producirá bajo receta electrónica en pacientes que estén incluidos en un programa de apoyo individual o grupal y cumplan los criterios establecidos: tener motivación expresa de dejar de fumar constatable con al menos un intento en el último año, fumar diez cigarrillos o más al día y tener un alto nivel de dependencia, calificado por el test de Fagerström.

El Sistema Nacional de Salud costeará un intento anual por paciente para dejar de fumar. Cada prescripción se realizará por  un envase, lo que equivale a un mes de tratamiento. Tras ello, el médico, en el marco del seguimiento del programa de deshabituación tabáquica, deberá valorar la evolución de la efectividad de la terapia con carácter previo a la emisión de la siguiente receta. El tratamiento completo tiene una duración de doce semanas. Con esta medida se pueden beneficiar alrededor de 83.800 personas en España, con un impacto presupuestario estimado de 7,9 millones de euros en el primer año.

El coste del tratamiento al día será de, aproximadamente, 2,19 euros por persona en el caso de la vareniclina –más conocido como Champix– y de 0,66 euros diarios en el del bupropion –libre de patente pero su marca más conocida es el Zymtabac–. Destacan fuentes del Ministerio de Sanidad que «si consideramos a una persona con una aportación farmacéutica del 40%, su aportación sería de 0,87 euros en el primero y 0,26 euros en el segundo supuesto. En vareniclina se producirá una disminución del 30% del precio actual del medicamento y en bupropion del 66% (formato mensual). Además, esta disminución de precio se mantendrá cuando la ciudadanía adquiera estos medicamentos fuera de la financiación».

En cualquier caso, el tabaquismo es un gran problema de Salud Pública que dispara unos altos costes médicos y hospitalarios por sus consecuencias, tan conocidas como el cáncer o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), entre otras muchas.

Las encuestas de salud, segun organismo y formas de realizarlas, varían algo sus resultados porcentuales de consumo. Las cifras de venta son claras, cigarrillo a cigarrillo, euro a euro, provincia a provincia. Así un análisis desde antes de la ley antitabaco de 2006 hasta la actualidad y con especial lupa en los efectos del endurecimiento de 2011 que prohibía fumar por completo en bares o espacios laborales registra un constante y marcado descenso. De todas las presentaciones del tabaco, menos de los puros.

Los burgaleses fumaban en 2005, último año sin restricciones legales, 33.796.217 cajetillas de 20 cigarrillos. El último año completo cerrado, 2018, bajaron a 17.775.095 paquetes. Un considerable descenso incluso después del que marcó la ampliación de prohibiciones en enero de 2011. En 2010 se fumaban en la provincia burgalesa 28.040.564 cajetillas, en 2011 (primer año con restricciones más duras) se fumaron 23.225.357 paquetes, lo que supone 4,8 millones de cajetillas menos.

Los datos burgaleses de este 2019, cerrados en octubre y comparados con el mismo mes del año pasado, marcan un descenso de 76.000 paquetes menos en estos diez meses.

Supone que el efecto de la ley y del precio del tabaco han provocado un descenso en el consumo de 11.774.180 menos de cajetillas en la provincia desde 2010 y 17.529.833 menos de paquetes desde 2005. Es decir, en 14 años los burgaleses fuman 350,6 millones menos de cigarrillos desde que entró en vigor la ley antitabaco de 2006.

Sin embargo, la caída en la recaudación no es tan notable en esta modalidad de tabaco. Los 75.562.138 euros que se gastaban los burgaleses en cigarrillos en 2005 han pasado a ser 74.288.914 euros, según datos del Ministerio de Hacienda. La caída en la venta de cigarrillos es fuerte pero se compensa por la fuerte subida del precio que ha ido sufriendo este producto.

Es más, en el año 2011, el primero con la ley antitabaco más restrictiva, los ingresos por la venta de cigarrillos en la provincia ascendieron a 87.280.246 euros. Esto supone 11,7 millones más recaudados que en el año 2006, en el que entró en vigor la primera ley antitabaco.

La ley y el precio e impuestos, por lo tanto, han tenido sin duda un claro efecto sobre el abandono del hábito, en todo el país y, en particular sobre los fumadores pasivos que, en cierta medida, era a quién más perseguía proteger.

El informe sobre 'El tabaquismo y el cáncer en España' de la AECC de este mismo año revela que, en 2009, antes de la aplicación de la actualización de la ley antitabaco «el 47,5% de la población refería que nunca o casi nunca estaba expuesta al humo ajeno y esa proporción ha aumentado hasta el 84,4% en el 2014. Es un incremento de 37%, resultado directo de la puesta en marcha de la mencionada ley; ya que disminuyó el consumo de tabaco en áreas comunes y por lo tanto, la exposición al mismo». Además, este mismo informe refleja que «el consumo de tabaco en España ha ido disminuyendo con los años, pero todavía existe un porcentaje importante de la población española que fuma (25% y el 21,2% en la comunidad), principalmente los hombres (27% y 23% en la región) y, en menor medida, las mujeres (18% y 22% en Castilla y León). En la franja de edad de entre 25 y 34 años es donde se observa un mayor porcentaje de fumadores. En cuanto a la edad de inicio es ligeramente inferior, a los 16,3 años en la comunidad que en el resto de España, de 16,5 años.

La consolidación de una ley que ya suma años, casi catorce cumplidos, trajo consigo una cierta relajación, especialmente en el sector de ocio y hostelería donde diversas encuestas apuntan a que algunos bares, sobre todo rurales, incumplen la normativa. También descendieron las inspecciones.  Aún así, sí se detectan infracciones –337 en la región, con 241 sanciones en 2018– y lógicamente se registrarían más si se persiguieran más. Fumar en lugares prohibidos ha conllevado multas de 180 euros y el permitir hacerlo, de 2.102 para el dueño del bar o el restaurante.