Belorado trabaja para instalar una planta fotovoltaica que supondrá más de 53.000 euros de ingresos anuales

En el último pleno municipal celebrado en Belorado se votó el arrendamiento de esas parcelas de titularidad municipal para la ubicación de la instalación fotovoltaica, que se situará en Castil de Carrias.

La empresa encargada de esta instalación será Aurinka Internacional, empresa de capital nacional. La potencia de estos paneles solares será elevada, 50 MW, para hacerse una idea del tamaño de la instalación hay que señalar que, actualmente, en la provincia de Burgos hay instalados menos de 40 MW de producción y venta a red. «Esta instalación supondría más del doble de la potencia instalada en Burgos», se apunta desde el Ayuntamiento de Belorado. Desde el Consistorio también se señala que la inversión que se prevé por parte de la empresa promotora rondará los 30 o 35 millones de euros.

El arrendamiento de las parcelas de titularidad municipal para la instalación de estos paneles fotovoltaicos sería por un plazo de 35 años, con tres prórrogas de cinco años. Por lo que se llega a un total de 50 años. El precio del alquiler sería de 1.200 euros más IVA, actualizado al año por el IPC, con un mínimo del 0,75 por ciento.

El número de parcelas de titularidad municipal que serían arrendadas son 45, lo que suman 56 hectáreas. De estas, las que serán objeto de arrendamiento serán las que se ocupen con placas solares. Según las estimaciones de la empresa serán un 80 por ciento, por lo que supondrían unos ingresos directos para el pueblo de Belorado de unos 53.760 euros, sin contar otros impuestos.

Igualmente, en cuanto a la generación de empleo, se prevé que «en el peor de los casos se creen de dos a cinco empleos, una vez la instalación esté en pleno funcionamiento», según se apunta desde el Ayuntamiento. La construcción de la instalación se prevé que dure de seis a ocho meses y se calcula una fuerza de trabajo cercana a las 100 personas.

Desde el Ayuntamiento de Belorado se apunta que, la empresa promotora está obligada por ley a constituir una garantía o aval a nombre del Ayuntamiento o de la Junta de Castilla y León para que, una vez se desmantele la instalación, se revierta la zona a su estado original.