La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denunciará a Santonja por prevaricación

Esta «pirámide fascista» está «dedicada al ejército italiano de Mussolini», recuerdan desde la asociación, quienes aseguran también que «celebra su terrible y temible papel en el golpe de Estado franquista». Según la ARMH, el único objetivo de este monumento es «es humillar a las víctimas de la dictadura franquista y festejar los crímenes del fascismo en la Europa de mediados del siglo XX».

La polémica se desata porque «el Gobierno de Castilla y León no cumple con el deber de retirar ese monumento, como dictan la Ley de Memoria Histórica» y Santonja ya ha manifestado su deseo de iniciar el expediente que lo acredite como Bien de Interés Cultural (BIC). Por ello, «el colectivo que inició en España la exhumación científica de desaparecidos por la represión franquista llevará a cabo acciones judiciales con el objetivo de garantizar su retirada».

«La ARMH reclamará a Fiscalía General del Estado la apertura de un proceso que termine con la prevaricación administrativa del consejero, Gonzalo Santonja (VOX), y de quienes lo están llevando a cabo y, conscientes de lo que dicta una ley del Estado, pretenden proteger un monumento que exalta el golpe de Estado de 1936 y las victoria de tres ejércitos fascistas en el primer episodio de la Segunda Guerra Mundial que se produjo en España con la intervención de los ejércitos de Mussolini y de Hitler apoyando a los fascistas españoles», indican.

Esta protección de la Pirámide los Italianos es para Emilio Silva, presidente de la ARMH un intento por seguir manteniendo «homenajes a un ejército fascista que colaboró en el derrocamiento de un Gobierno legítimo y ayudó a instaurar una terrible dictadura que no cabe en el marco de una democracia».

Añade, además, que «no se puede blanquear el fascismo y difundir ningún mensaje desde ninguna institución que le diga a la sociedad que el fascismo fue bueno para la sociedad». «Que el consejero tome esa medida, consciente de que hay dos leyes estatales que se lo impiden, supone una prevaricación administrativa de manual y debe ser sancionado judicialmente con la inhabilitación del responsable y la instauración de la legalidad que debe comenzar con la detallada documentación de la pirámide y su posterior derribo», asegura Silva.

Desde esta asociación afirman que estos «monumentos agreden a las víctimas de la dictadura y tratan de humillarlas y, como cualquier otra víctima de hechos violentos, deben ser protegidas por las instituciones».