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El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha remitido las primeras cartas a las religiosas de La Bretonera para que ejerzan «en diez días naturales a partir de la recepción -que se presume han recibido este viernes 7 de junio-, su derecho de defensa manifestando su postura ante los hechos, para realizar el procedimiento pertinente conforme al canon 1335, párrafo uno, para la declaración en su caso de la pena asociada al delito».
Transcurridos los diez días sin que la parte citada comparezca, «se procedería a emitir el decreto correspondiente conforme a Derecho», que no es otro que la excomunión por el delito de cisma. El arzobispo también ha pedido a las monjas que abandonen el convento.
Iceta realizaba esta comunicación a las exclarisas con fecha 31 de mayo de para que acudan ante el Tribunal Eclesiástico en ese plazo de 10 días naturales. Y la respuesta de las monjas auspiciadas por el excomulgado Pablo de Rojas ha sido atacar a Iceta y a los medios de comunicación: «A día de hoy nos volvemos a ver impelidas a desmentir los extremos en que los medios de comunicación están describiendo la realidad que estamos viviendo».
Hablan de que a raíz de su manifiesto «deberían haber tenido como consecuencia automática nuestra exclusión del ámbito de aplicación del Derecho Canónico». Basan su defensa en «la confusión creada por los medios de comunicación y el propio don Mario» lo que ha aprovechado el arzobispo de Burgos «para usurpar nuestra representación legal accediendo a la administración de las propiedades y al control de las cuentas bancarias, a las que dejamos de tener acceso el día 4 de junio pasado».
Confirman las monjas adscritas a la doctrina de la Pía Unión de San Pablo que monseñor Mario Iceta les conmina a entregar en dos días «las llaves y la documentación del monasterio, incluyendo hasta las nóminas».
Desde el Arzobispado y la Federación de Clarisas se instaba a que la secretaria federal «pudiese entrar en el convento, todo ello de viva voz, sin documento alguno que lo avale y ofrecen una ayuda económica, puesto que han usurpado la titularidad de las cuentas corrientes, dejándonos sin acceso a los fondos obtenidos con nuestro trabajo, y donados por nuestros benefactores».
Las comunicaciones han sido personales, una a una, para que acudan la semana que viene, en torno al día 17 de junio, con la asistencia de un abogado propio, o de oficio si es que no tienen acceso a él.
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La advertencia es clara y concisa. Si no se presentan, la pena de excomunión recaerá sobre cada una de ellas. Habrá que ver con detalle qué ocurre con las religiosas que puedan tener algún tipo de discapacidad -que José Ceacero negó, preguntado por ello- y cómo se acercan a Burgos para su declaración.
No sólo ellas sino también el resto y si alguna de ellas se descuelga de la dirección espiritual de Pablo de Rojas.
Las monjas, De Rojas y Ceacero están muy seguros de que las religiosas están fuera de la jurisdicción canónica y que para ellas sólo es operativa al civil.
Sin embargo, según fuentes consultadas por BURGOSconecta, existe una legislación superior a la civil como son los tratados internacionales. España tiene firmado con el Vaticano el conocido como Concordato con la Santa Sede que obliga por encima de los tratados civiles a los que se acogen los presuntos obispo y sacerdote de la Pía Unión.
Como consecuencia de ello, o bien abjuran de su fe las religiosas y se declaran apóstatas, saliendo de la Iglesia en la que fueron bautizadas, o se mantendrán en el régimen del Concordato.
La situación eclesial de las monjas terminará, para bien o para mal, en diez días. Otra cosa será las vías judiciales abiertas en los tribunales ordinarios.
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