Apartan a un profesor del Juan Abascal tras dos años de procesos judiciales iniciados por el docente

Después de aprobar la oposición como funcionario de carrera en 2016, R. B. G. obtuvo su plaza en el colegio Juan Abascal en 2018 en la localidad burgalesa. En septiembre, cuando no había crisis del coronavirus de por medio, empezó su curso con los alumnos de cuarto de Primaria. «Nos ubicaron en un aula que no cumplía con los requisitos sanitarios, ya que había mucha suciedad, excrementos de palomas en las ventanas y mucho polvo. Esa clase se habilitó para un grupo completo después de 30 años», apunta el docente vallisoletano con residencia en Burgos.

Por ese motivo, R. B. G. registró las presuntas irregularidades mediante trámites administrativos, pero fue «ignorado» por la dirección del centro. «Hasta que un día, una de las alumnas, diagnosticada como alérgica a los ácaros, sufrió una reacción severa por el polvo y yo la bajé al despacho de dirección, solicitando que se solventara esta situación. Presenté los documentos digitales acreditativos, que ya portan en procedimientos judiciales contra la dirección del centro», explica R. B. G., quien lamentó que días más tarde a lo sucedido con esa alumna, «la directora aprovechara su cargo para cambiar de aula a un niño, comenzando a desmembrar el grupo ya formado».

En diciembre fue el desencadenante de toda la situación judicial. El 3 de diciembre de 2018 se celebró una reunión «clandestina» en la sala de usos múltiples, a la que acudieron «108 familias convocadas por Whatsapp». «Estaba auspiciada por el Servicio de Inspección de la Dirección Provincial de Educación de Burgos y en la que manifestaron calumnias e injurias. La alarma social generada contra mí llegó hasta tal punto que un padre dijo en la reunión que 'dígame que es lo que hay que hacer para echar a ese profesor, porque si hay que poner cuatro denuncias falsas en la Guardia Civil, se hace'. El asedio al que me sentía sometido y continuado, presunto acoso moral y laboral, tuvo su punto álgido cuando en aquella reunión se vertieron calumnias e injurias denunciadas judicialmente contra una madre que manifestó haber oído que había grabado con el móvil a las niñas en los baños. El inspector corroboró en la reunión y, así consta en el acta oficial, que no le constaba dicha denuncia ni de forma verbal, ni por escrito», afirma el profesor.

Por ese motivo, entre otros, R. B. G. denunció en el Juzgado de Instrucción número 1 de Briviesca al centro educativo, que archivó la causa. Eso no detuvo al docente que interpuso un recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Burgos, que estimó el recurso y revocó la decisión del Juzgado de Briviesca para que «continuara con la tramitación de las diligencias, practicando de oficio aquellas que estimara necesarias para, posteriormente, dictar un resolución debidamente motivada».

Después de esa reunión «clandestina», R. B. G. estuvo de baja hasta el mes de mayo y el mismo día que se incorporó a su puesto de trabajo, el 31 de mayo, la Dirección Provincial de Educación «forzó mi salida». En este tiempo, el docente presentó el protocolo de acoso ante el Ministerio de Educación de Gobierno de España y solicitó emprender medidas contra el equipo directivo del centro y el área de inspección de la Dirección Provincial de Educación. «Como consecuencia de esto, la dirección forzó, nuevamente, mi salida del colegio, aún con el apoyo de las familias y alumnos del grupo. Esa situación duró un mes, porque en julio levantaron la cautelar. Imponían y levantaban la adopción de medidas según su conveniencia», detalla el profesor.

R. B. G. arrancó el curso 2019/2020 con «normalidad» y con el mismo grupo de alumnos por segundo año consecutivo. «Quitando la pandemia, el curso se desarrolló con normalidad, aunque me volvieron a cambiar injustificadamente a dos alumnos, cuya progresión académica e integración en el grupo era óptima, sin saber el motivo exacto», apunta el docente. La jueza de Briviesca archivó, una vez más el caso, aunque él lo volvió a elevar a la Audiencia Provincial. Nuevamente le dieron la razón y el próximo martes acudirá a Briviesca para la cita oral contra el equipo directivo y «los responsables de esta situación».

Tras el parón por la pandemia, ya en sexto de Primaria porque siempre ha estado con los mismo alumnos, R. B. G. empezó en septiembre un nuevo curso. Pero, el 30 de septiembre de este año, «debido a las nuevas denuncias interpuestas contra el equipo directivo y el área de inspección», el centro vuelve a tomar una nueva adopción de medida contra el docente y «fuerzan» su salida del puesto de trabajo. «No voy a parar, voy a luchar por mis alumnos. El día que dijeron que no volviera, me presentaron un documento, que no venía firmado por la directora de recursos humanos. Es la única que tiene potestad para firmar este tipo de acuerdos. Querían que firmara un documento que no era legal. Tuve que denunciar al centro, a Inspección, a la Dirección Provincial y a la Consejería de Educación», concluye el docente.