Castrillo Mota de Judíos ha vuelto a amanecer en la jornada de este martes con nuevas pintadas contra el pueblo judío en varias señales de tráfico y de indicación de localidad, así como una bandera palestina dibujada en la carretera.
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Aunque no ha sido tan grave como en ocasiones anteriores, el alcalde de Castrillo, Lorenzo Rodríguez, ha denunciado «la agresión sufrida por personas que buscan hacer el mal a la localidad y sólo quieren atentar contra el pueblo judío».
Hechos como el ocurrido en Castrillo, apunta Rodríguez, son fruto del «odio que siembran en la población determinadas manifestaciones políticas» de dirigentes del Gobierno de España «y de otros partidos». Para el alcalde «es intolerable» la actitud del presidente, Pedro Sánchez, y sus ministros, que buscan generar «que este tipo de atentados contra inocentes se siga produciendo».
A lo largo de los últimos años, desde que el pueblo decidió cambiar el apellido de Matajudíos por Mota de Judíos, ha visto como «se ha atentado contra Castrillo», ensuciando la señalización con mensajes que buscan «más en enfrentamiento que la paz».
En esta ocasión, las pintadas han aparecido en los carteles que ya han sido pintados en otras ocasiones. Además, han añadido la bandera palestina en el firme de la calzada. Rodríguez ha denunciado los hechos, como en ocasiones precedentes, ante la Guardia Civil para que abran el proceso búsqueda de los culpables.
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Para el alcalde de la localidad, acciones de este tipo son una muestra más de la «cobardía de algunas personas y grupos que no tienen respeto por los demás y que tienen el único objetivo de dañar el patrimonio de todos».
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La última acción de este tipo ocurrió en agosto de 2022 cuando, además de las pintadas, los autores de los ataques quemaron unos contenedores de basura en el mismo pueblo.
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Los hechos acontecidos este martes coinciden con un nuevo aplazamiento del juicio que el pueblo mantiene contra los autores de las pintadas de hace unos años. La vista que se debía haber celebrado la semana pasada, volvió a ser aplazada un año porque no se citó a declarar a algunos agentes de la Guardia Civil.
Será en 2025 cuando se lleve a cabo la vista oral de un juicio que se debía haber celebrado en 2022.
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