La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo va a requerir a la Junta de Castilla y León que ofrezca toda la información que tiene del Programa 'Infraestructuras Turísticas', tras la petición que el alcalde de Valle de Zamanzas, Juan José Asensio, ha realizado.
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El edil, ... acompañado por el diputado de Imagina Burgos, Marco Antonio Manjón, pedía la paralización del Programa 'Infraestructuras Turísticas' de la Junta de Castilla y León porque considera que de esta manera «se acelera y facilita el vaciado del mundo rural», con un programa que pretende «limpiar la cara de nuestros gobernantes en las ciudades, vendiendo un turismo que no respeta las normas europeas, sus propias leyes, ni a la naturaleza».
Asensio ha insistido en que, mientras se facilita que en Castilla y León se instalen multitud de canteras, minas a cielo abierto (incluso en espacios protegidos), «venden nuestros recursos naturales» o los casi «400 proyectos de macrogranjas que servirán para llenos los supermercados de carne de baja calidad, al mismo momento que se contaminan nuestros acuíferos», ha apuntado.
Asensio ha argumentado la solicitud de paralización por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo. Ha apuntado que incumple el plan de ordenación de Parques Naturales aprobados por la Junta de Castilla y León y las directrices de la Red Natura 2000. Ha recordado en su intervenciíon en el Parlamento Europeo que esa infraestructura es la 'única inversión prevista' a través de la Fundación Patrimonio Natural, de quien depende la gestión de los Espacios Naturales,
Este plan incumple la directriz de la Red Natura 2000 en cuanto a que «no cuenta con la conformidad de la Administración Red Natura 2000 y tampoco ha realizado comunicación a la Comisión Europea para su tramitación».
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Asensio ha recordado en Europa que los planes de la Junta «incumplen también los criterios técnicos», al no haber consultado, abierto plazo de Participación Pública e informado adecuadamente a los interesados y propietarios de los lugares donde se pretende instalar las infraestructuras
Por otro lado, se abandona la protección del medio ambiente y a la biodiversidad, para «solo invertir y gastar fomentando el turismo insostenible y en muchos casos incontrolado».
En este sentido, las nuevas infraestructuras causan «un gran impacto visual», y va en contra de los principios de protección del Paisaje de la Red Natura 2000. En definitiva, Asensio apuntaba que «no mejora la vida de los vecinos, ni al asentamiento de población en el medio rural ya sea desde el punto económico, ni social de forma sostenible, participativa y racional».
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Concluía su intervención recordando que «se abandona el medio rural sobre necesidades urgentes y necesarias» como conectividad, transporte, sanidad, educación, acceso a la vivienda o al agua potable. Trasladando fondos públicos muy necesarios para estos asuntos a estos programas no prioritarios.
Ante estas quejas, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha informado de que «carece de elementos suficientes» para determinar si los proyectos previstos dentro del programa de infraestructuras turísticas cumplen la legislación medioambiental aplicable de la UniónEuropea.
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En este sentido, la eurodiputada Marina Albiol ha exigido la información que requiere la propia Comisión porque se trata de proyectos 'oscurantistas'. La petición fue admitida a trámite el 4 de abril de 2018 y se pidió a la Comisión que facilitara información. La respuesta de Europa fue que en lo que se refiere a los espacios Natura 2000, la directiva sobre los hábitats no prohíbe de por sí el desarrollo de proyectos como los que son objeto de la petición dentro o en los alrededores de los espacios Natura 2000. Sin embargo, sí que exige que los planes o proyectos que puedan afectar de manera apreciable a un espacio Natura 2000 se sometan a una evaluación adecuada y se autoricen únicamente tras haber comprobado que no acarrean efectos adversos para la integridad del espacio afectado y, si procede, tras haberlos sometido a información pública. Y recuerda que es necesario asegurar el cumplimiento de estas disposiciones incumbe en primera instancia a las autoridades competentes de los Estados miembros.
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