El alcalde de Las Machorras y el exregidor de Espinosa se sientan en el banquillo, acusados de prevaricación

El proyecto arrancó en abril de 2013, cuando la Junta Administrativa de Las Machorras, de la que Roberto Ortiz era, como ahora, alcalde pedáneo, tomó la decisión de ampliar el cementerio. El proyecto incluía la utilización de una parcela privada anexa y, de manera efectiva, se inició en el mes de agosto, con la contratación de personal, la adquisición de material de construcción y la solicitud al Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros de maquinaria y personal para la ejecución de las obras.

Según el escrito de la Fiscalía, Roberto Ortiz inició los trámites de construcción «a sabiendas de que no había pedido autorización al Arzobispado», titular del cementerio; de que no se había segregado la parcela privada anexa en la que se iba a acometer dicha ampliación; de que no existía recalificación urbanística, ni autorización sanitaria previa, ni proyecto, ni licencia ambiental o urbanística.

A finales de agosto, los ediles del Partido Popular Pilar Martínez y Juan José Angulo solicitaron información en el Pleno municipal de Espinosa de los Monteros. En aquel momento, Ortiz formaba parte del Equipo de Gobierno, junto con José Carlos Peña (alcalde y actualmente fuera del Ayuntamiento) y Jean Paul Sánchez y Luis Román (que se mantienen, como Ortiz, en el Consistorio espinosiego pero como ediles no adscritos, tras ser expulsados del PSOE).

Ante la petición de información, el arquitecto municipal, Restituto Ortiz, «de forma mordaz y a sabiendas de que lo que certificada no se ajustaba en modo alguno a la realidad», afirma el fiscal, negó la existencia del proyecto, rechazando la petición del PP de paralizar las obras. Y en septiembre, la Junta de Gobierno, compuesta por Ortiz, Peña, Sánchez y Román, acordaron no acordar la paralización de las obras «ya que no se han acometido en el emplazamiento señalado».

Los cuatro concejales tomaron la decisión, «a sabiendas de la ilegalidad de lo que se iba a acordar», y sobre la base del informe del arquitecto municipal, «obviando» el emitido por los servicios jurídicos (que evidenciaba la ilegalidad), insiste el fiscal. Las obras no se paralizaron hasta enero de 2014, tras presentar el PP una querella y, entonces, ni se incoó expediente de restitución de la legalidad ni expediente sancionador. Al contrario, se inició un expediente para tratar de legalizar los 124 nichos construidos.

Por todo ello, la Fiscalía imputa al arquitecto municipal, Restituto Ortiz, el delito de falsedad documental, con 4 años de prisión y 15 meses de multa a razón de 20 euros por día. También 15 meses de prisión por falsedad de certificado, y ocho años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

Para José Carlos Peña se piden dieciséis años de inahbilitación por un delito de prevaricación administrativa por acción y otro por omisión, mientras que Roberto Ortiz, Jean Paul Sánchez y Luis Román se enfrentarían a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por acción.