Los agricultores y ganaderos piden excepcionalidades en la nueva normativa de purines

En este sentido, ha explicado, la prohibición del uso de sistemas de plato, abanico o cañones para echar los purines sobre los campos de cultivo obligará a los ganaderos a cambiar parte de sus equipos, incorporando nuevas cubas. Un cambio que, en la mayoría de los casos, también obligará a cambiar de maquinaria y cuyo coste podría dispararse hasta «los 150.000 euros» por explotación.

De nada sirve, a su juicio, la moratoria de un año aprobada por la Junta de Castilla y León, que ha decidido posponer la entrada en vigor de la nueva normativa estatal hasta el 1 de enero de 2019. Básicamente, muchas explotaciones, que están «muy justitas», no van a poder hacer la inversión a tiempo. Y menos aún cuando a día de hoy no se sabe si va a haber ayudas para la materialziación de estas inversiones y, en su caso, cuándo van a llegar esas ayudas.

Tampoco están de acuerdo agricultores y ganaderos con las distancias que marca la nueva normativa, toda vez que también toma como referencia las viviendas aisladas, y no sólo los núcleos urbanos, una circunstancia que se añade a la asuencia de «excepcionalidades» dentro de la nueva norma.

Unas excepcionalidades que, a juicio de las organizaciones agrarias y ganaderas, hay que definir. No en vano, subraya De Miguel, hay zonas en las que es materialmente «imposible» cumplir la normativa y, por cuestiones de orografía, la única práctica viable para echar los purines a los pastos pasa por utilizar cañones.

En definitiva, se trata de una norma mucho más «restrictiva» que la aplicada en el conjunto de la Unión Europea que, además de a los ganaderos, afecta a los agricultores propietarios de las tierras en las que se echan los purines como abono. Por eso, las organizaciones agrarias y ganaderas han exigido, una vez más, «diáologo».

A este respecto, el presidente provincial de la Unión de Campesinos (UCCL), Félix Arribas, ha insistido en que los agricultores «no quieren saltarse la normativa», sino desarrollarla con «sentido común». «Deben suavizarse» las condiciones para salvaguardar los intereses del sector y equilibrarlos con los de los propios territorios, ha señalado.

«Todos queremos comer jamón, pero parece que nadie quiere que se produzcan cerdos», ha concluido De Miguel al tiempo que avanzaba la posibilidad de organizar movilizaciones si la Consejería de Agricultura no se sienta a «dialogar».