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El Ministerio de Fomento constituirá de manera inminente el grupo de trabajo con la Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla y León para analizar las alternativas de nuevos accesos y enlaces necesarios de la autopista AP-1 entre Burgos y Armiñón, ... con motivo de la próxima liberalización de su peaje a partir del 1 de diciembre de 2019. Así al menos se lo ha confirmado hoy el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a la secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, y a la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, en una reunión en la que Ábalos ha asegurado que el Gobierno sigue la hoja de ruta que se ha fijado en este proceso y que continuará con el contrato de conservación de la vía.
El titular de Fomento se ha comprometido con las responsables del PSOE burgalés a mantener reuniones periódicas para el seguimiento de este procedimiento y dar respuesta a demandas como la que hoy le ha planteado Hernando de adoptar medidas para el desvío obligatorio del tráfico de la N-I por el tramo liberado de la AP-1 entre Ameyugo y Armiñón, hasta que se complete la liberalización de la autopista.
Asimismo, Ábalos ha ratificado también su compromiso con la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Burgos y Miranda de Ebro, y el de informar puntualmente sobre el estado de las obras y los plazos. Ha recordado, además, que el proceso del trazado entre Burgos y Vitoria se encuentra en estudio de alegaciones.
Sobre Miranda, el ministro ha garantizado que seguirá siendo un nudo logístico ferroviario fundamental y que, por lo tanto, con el AVE, los trenes tendrán más o por lo menos las mismas frecuencias que en la actualidad.
A la reunión de trabajo de hoy han asistido también el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Javier Izquierdo y el secretario general de la Agrupación Socalista de Miranda, Miguel Ángel Adrián.
Peña ha insistido en que todos los hechos confirman que «en ningún caso» era la intención del PP que a partir del 1 de diciembre transitar por la AP-1 fuera gratuito. La documentación existente corrobora que se contemplaba la posibilidad de una nueva concesión: los trámites técnicos y administrativos deberían haber estado puestos en marcha al menos 18 meses antes, para así llegar a la fecha mencionada en condiciones de seguridad, y no se comunicó nada a la empresa concesionaria.
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