Con 317.000 hectáreas Burgos es la segunda provincia de Castilla y León con más superficie de Montes de Utilidad Pública

Según el Anuario de Estadística Forestal del año 2017 en España hay un total de 11.359 Montes de Utilidad Pública con una superficie de 7,37 millones de hectáreas. La comunidad de Castilla y León cuenta con el 25 por ciento de la superficie nacional y más del 30 por ciento del número de montes catalogados.

Las dos provincias con mayor número de montes son León y Burgos. En el caso de Burgos cuenta con 667 Montes de Utilidad Pública y una superficie de 317.000 hectáreas. Unas cifras que aumentan de año en año. Desde el 2017 hasta la actualidad se han declarado 21 nuevos montes, aumentando la superficie catalogada en 7.666 hectáreas.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente gestiona esta inmensa superficie y se encarga de velar por su protección y conservación, en estrecha coordinación con las entidades locales propietarias.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, ha elaborado unos libros de los diferentes Catálogos con el fin de proporcionar la mayor difusión y conocimiento. El trabajo se culminó a principios de este año. En estos textos figuran los datos principales de los montes: superficies, pertenencia, ubicación, límites, etc, junto con un plano sobre ortofoto para su mejor localización. Se trata de libros resúmenes, pues los auténticos catálogos de MUP son libros registro de carácter administrativo donde constan todos los hechos que supongan una alteración del MUP, son mucho más extensos y se formalizan en dicha Dirección General.

Los diferentes catálogos, editados en un formato común, se encuentran disponibles para su consulta y descarga libre en la página web de la Junta de Castilla y León, y se pueden consultar a través de este enlace.

Según esta Ley, los montes catalogados tienen la condición de bienes demaniales por el servicio público que aportan a la sociedad. Pueden ser declarados como MUP aquellos que cumplan con alguna característica que acredite ese servicio público, como son, entre otros, la protección del suelo frente a los procesos de erosión, los que contribuyan a la regulación del régimen hidrológico, los que protejan las captaciones de agua, los que eviten o reduzcan inundaciones, desprendimientos de tierras o rocas, los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica o a la protección de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética, los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial protección para las aves, zonas de especial conservación, lugares de interés geológico u otras figuras legales de protección, así como los que constituyan elementos relevantes del paisaje.