Otro candado para la Europa fortaleza

Mientras se muestra la complacencia por este acuerdo político, especialmente en la presidencia española del Consejo de la UE, cabe preguntarse (con escasas esperanzas) si este incluye un enfoque de protección y un verdadero compromiso con los derechos humanos o si se trata, una vez más, de propuestas articuladas para gestionar la migración a expensas de los derechos de miles de personas que continúan y continuarán expuestas al horror a consecuencia de las políticas migratorias.

Se trata de políticas que auspiciamos como sociedad, asumiendo con demasiada naturalidad las narrativas que deshumanizan las tragedias de quienes llegan a nuestras fronteras en busca de seguridad y protección. Presenciamos con demasiada frecuencia la instrumentalización del sufrimiento de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo con fines políticos y permitimos, con demasiada asiduidad, la falta de compromiso político para evitar la pérdida de vidas humanas. ¿Cuántas? Es incluso difícil cuantificar la magnitud del drama, aunque según datos de la Organización Internacional para las Migraciones en la última década han muerto cerca de 30.000 personas tratando de cruzar el Mediterráneo. Esto es como si borráramos del mapa poblaciones como Rota o Salou.

Este acuerdo no evita que las personas mueran tratando de llegar a Europa. Todo lo contrario, perpetúa un modelo inhumano, que socava el derecho a buscar asilo y se esconde detrás de formulaciones vagas, para permitir a los Estados eludir su deber de rescate y continuar su sabotaje y criminalización de las actividades de búsqueda y rescate que llevamos a cabo las organizaciones de la sociedad civil.

En toda Europa, nuestros pacientes informan que son objeto de devoluciones arbitrarias en las fronteras, rechazos, malos tratos y violencia. Así se constata en nuestro informe 'A plena vista. El coste humano de las políticas migratorias y las prácticas violentas en las fronteras marítimas griegas'. Pacientes en Lesbos y Samos narran cómo se les confiscan sus pertenencias antes de obligarlos a subir a embarcaciones, llevarlos de nuevo al mar y transferirlos a balsas salvavidas para, posteriormente, abandonarlos a la deriva, una práctica del todo ilegal.

En el discurso oficial, se destaca el respeto al derecho de las personas a buscar asilo, pero ¿es el acceso a la protección una realidad o solo un derecho teórico? Asimismo, se plantea la creación de centros de recepción para agilizar los procesos, pero, ¿qué tipo de asistencia se ofrece realmente en estos lugares? Nuestra experiencia en ellos confirma que se están convirtiendo en cárceles disfrazadas, con condiciones insalubres y tasas inadmisibles de sufrimiento en la salud física y mental.

Lejos de adoptar políticas que minimicen los riesgos para la salud y protejan la vida humana, el acuerdo no soluciona como dicen la mal denominada «crisis migratoria» de Europa. Precisamente, la aplicación de medidas de «crisis» de emergencia ha limitado la asistencia humanitaria independiente y la supervisión de la sociedad civil. Resulta imposible celebrar que los Estados europeos acuerden capitalizar la noción de «crisis» y «medidas extraordinarias» para reducir las salvaguardias para las personas en situación de extrema necesidad.

En lugar de desafiar las causas estructurales que han permitido que esta tragedia prolifere sin control, el pacto se jacta de seguir institucionalizando tácticas de disuasión al mantener la presión en las fronteras externas de Europa. ¿Cuánto sufrimiento somos capaces de tolerar antes de exigir humanidad?

La próxima fecha clave en el calendario es febrero de 2024, cuando se espera que la redacción de los textos del acuerdo finalice para ser adoptado en abril antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Como organización humanitaria de ayuda en situaciones de emergencia, nos preocupa mucho lo que sucederá en las fronteras exteriores de la Unión Europea en los próximos años. Y aun cuando las esperanzas en esta Vieja Europa flaquean, incluso en condiciones difíciles, seguiremos brindando asistencia médica de emergencia a las personas en movimiento y abogaremos por que se respeten sus derechos, porque cada vida humana cuenta y debe ser contada.

Sabemos que se trata de voluntad política y confiamos en que los Estados pueden cumplir con sus compromisos como lo son el respeto al derecho internacional humanitario y el derecho de cada persona a buscar protección y refugio. Como el que tenía la mujer encerrada arbitrariamente en el centro detención de Abu Salim, donde cientos de mujeres y niños sufren condiciones y tratos crueles y degradantes. Para ellos, el pacto no es solución y sí un nuevo candado en su celda.