GAL: 40 años de una deuda de Estado

Aunque no sea una novedad que víctimas de diferentes terrorismos se reconozcan entre sí (la experiencia de Glencree abrió el camino), estos ejemplos empujan decididamente para que los partidos políticos y la ciudadanía en general interioricemos que todas las víctimas y sus sufrimientos injustos nos interpelan y que para todas ellas debemos exigir el mismo respeto y reconocimiento. No hay argumentación ética que justifique diferencias en el tratamiento social, institucional y jurídico entre las víctimas de ETA y las de los GAL. Tienen los mismos derechos y, por ello, la sociedad y el Estado tienen la obligación de procurar del mismo modo el ejercicio efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

En cuanto a la reparación, las víctimas de los GAL se encuentran, por diferentes motivos, en situaciones muy diversas. No todas ellas eran victimarios y algunas de ellas ya recibieron indemnización en 1988. Es con la reforma de 2012 de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo cuando se incorporó la posibilidad de suprimir la indemnización si la víctima hubiera sido también victimario, bajo la excusa de que humillaba al resto de las víctimas. Frente a ello, debemos aclarar que las víctimas quedan igualadas por el mal injusto que sufrieron con su asesinato y esa condición la comparten a partir justamente de ese hecho, no antes. La ejemplaridad de sus vidas nada tiene que ver con su reconocimiento como víctimas.

Las indemnizaciones (y con ellas el reconocimiento formal de su condición de víctimas) a presuntos victimarios-víctimas de los GAL han sido denegadas única y exclusivamente por un acto de voluntad política. Ya que la literalidad de la ley no establece un mandato obligatorio de hacerlo, sino que concede al Estado la potestad de decidir si se lo deniega o no, dejándolo a su voluntad política. Siendo así, para resolverlo ni siquiera sería imprescindible reformar la norma. La misma voluntad que creó el problema lo puede solucionar ahora arbitrando el mecanismo preciso para reconocer a estas víctimas en igualdad de condiciones respecto a las demás.

En lo que respecta a la verdad y a la justicia, es cierto que algunos de los delitos de los GAL han sido juzgados y ha habido condenas, especialmente para los mercenarios en Francia, pero no podemos obviar que las responsabilidades no fueron esclarecidas hasta sus últimas consecuencias. La opinión autorizada y poco sospechosa de los tribunales de justicia españoles es reveladora. La sentencia 24/99 de la Audiencia Nacional en la que se considera a los GAL como banda armada, dice: «Fue el Ministerio del Interior el organismo desde el que finalmente se pudo atajar, en colaboración con el Ministerio del Interior francés, la lucha ilícita contra ETA. Si eso fue así, significaría que ambos departamentos tenían información sobre personas involucradas y que solo a partir de un momento dado lograron neutralizar. Ello conduce a la convicción de que existen responsabilidades de diversa naturaleza que estarían aún por deducir». Añádase que los condenados por crímenes cometidos por los GAL tuvieron en España cumplimientos de pena livianos, en general, propiciados por el propio Estado, incluso a través de indultos.

Por todo ello, en estos días en que se cumplen 40 años de las primeras acciones de los GAL, no podemos ni debemos permanecer en silencio porque el dolor de estas víctimas, su sufrimiento injusto, continúa hoy y nos sigue interpelando. Nuestra sociedad tiene que atender las consecuencias de todos los terrorismos y, en particular, es necesario reconocer la enorme grieta ética que representó para nuestra democracia que fuera precisamente el Estado quien, excusándose en su defensa, vulnerara la dignidad y los derechos de sus ciudadanos. «Si la democracia mata, la democracia muere», denunció Gesto por la Paz, porque los GAL fueron una auténtica subversión contra el Estado de derecho.

Así, hoy, 40 años después, el Estado tiene una deuda pendiente con sus víctimas y con el conjunto de la sociedad. El reconocimiento de los errores y los horrores cometidos, lejos de debilitar al Estado de derecho, lo fortalece y lo legitima. Nadie debería valorarlo como una muestra de debilidad, sino como voluntad de superar los traumas del pasado y fortalecer la convivencia.

Por eso, algunas personas de la sociedad civil vasca que nunca callamos ante el terrorismo, queremos alzar la voz para decir con claridad que el Estado tiene deudas pendientes y emplazar a sus responsables a realizar un solemne reconocimiento de responsabilidad en la injusticia del daño causado, así como a poner fin a los agravios en el tratamiento de los derechos de las víctimas de los GAL, aplicando el principio constitucional de igualdad.

Es de justicia. Que no tenga duda nadie.

*Firman también este artículo: Isabel Urkijo, Gorka Landaburu, Lourdes Oñederra, Milagros Rubio, Jon Arrizabalaga, Sabin Zubiri,Iñaki García Arrizabalaga,JesÚs Herrero y Kepa Korta