En busca de un mundo seguro para la infancia

Con esos datos, con esas historias de violencia en la retina y con el amplio objetivo de convertirse en instrumento crucial para la protección de los niños, niñas y adolescentes ante la creciente violencia que les afecta de forma directa y desproporcionada, se aprobó hace un año la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi). La norma se aprobaba tras intensos años de trabajo. La Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño y la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible también empujaban, con sus postulados y recomendaciones, la puesta en marcha de este nuevo marco legislativo.

Considerada como una ley pionera a nivel internacional -ha suscitado el interés de otros países de nuestro entorno por su carácter integral y por el movimiento y el consenso público y político en su tramitación y aprobación-, el texto destaca por abarcar todos los puntos referidos a la violencia: desde la sensibilización hasta el tratamiento y reparación del daño, pasando por la prevención e identificación. Su carácter integral queda también reflejado en la tesis de que es necesaria la participación de todos para detener la violencia; en este sentido, se incluye a los propios niños y niñas, a quienes se les ofrecerá una educación que les proporcione herramientas para su autoprotección.

Estamos por tanto ante una ley que nos compete a todos. Gran parte de su valor reside en el compromiso de todos los adultos tanto a la hora de velar por la protección de los niños como a la de estar alerta y comunicar cualquier situación de abuso y violencia de la que tengamos conocimiento. Y es que, por primera vez, una ley de infancia no se dirige solo a los responsables de lo que llamamos el sistema de protección de la infancia, sino que establece medidas para sectores como el sanitario, el educativo, el deportivo o las tecnologías de la información, espacios cotidianos de la vida de los niños y niñas; así como el policial y el judicial, entramados que se ponen en juego cuando se protagoniza una situación de maltrato o abuso.

Un año después de la aprobación de la ley, es necesario pasar a su desarrollo y poner en marcha de forma efectiva algunas de sus disposiciones, como la comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; la especialización tanto de los órganos judiciales como de sus titulares, en los órdenes civil y penal, así como de los fiscales en el ámbito de la violencia sobre la infancia y la adolescencia; o la adecuación a la ley de las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales que fueran incompatibles con lo previsto en la ley. Además, al inicio del próximo curso escolar deberán estar operativas las nuevas figuras establecidas en la ley: coordinadores de bienestar y protección en las escuelas y delegados de protección en las entidades de ocio y tiempo libre.

Sin duda, apelar a la responsabilidad sobre la protección de todos aquellos que de una u otra forma trabajamos en el ámbito de la infancia o nos relacionamos con niños y niñas tal vez sea, cumplidos estos doce meses, una de las mayores contribuciones y desafíos de la Lopivi. Es el momento de asumir sus contenidos, cambiar mentalidades, cuestionarnos la manera de hacer las cosas, invertir tiempo y recursos en formación y fiarnos de otros profesionales con la exigencia de que todos los niños y niñas tienen el derecho a recibir protección contra la violencia infligida por cualquier persona relacionada con sus vidas, ya sean padres o madres, maestros, amigos, compañeros íntimos o extraños. Porque todas las formas de violencia que sufren los niños, independientemente de la naturaleza o la gravedad del acto, son perjudiciales. Más allá del daño innecesario y del dolor que causa, la violencia socava el sentimiento de autoestima de esos niños y menoscaba su desarrollo.

La nueva ley sienta las mejores bases para enfrentar la violencia contra la infancia. Es hora de implementarla para asegurar la protección de todos los niños, niñas y adolescentes.