Yolanda Díaz, una sindicalista de raza con sillón en La Moncloa

Estos hechos sin duda marcaron su carácter y fueron el detonante de una precoz afición a la política. Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y con tres postgrados en su currículum, se afilió ya desde muy joven al Partido Comunista y a Esquerda Unida, pero su salto a la arena política lo dio en el año 2003, cuando entró como concejal del Ayuntamiento del Ferrol, donde se curtió durante nueve años en la política municipal. Previamente llegó a fundar un despacho como abogada laboralista, pues una de sus metas es defender los intereses de los trabajadores.

Durante esta etapa dio un paso más al hacerse en 2005 con la coordinación nacional de Esquerda Unida, puesto que mantuvo hasta 2017. De ahí dio el salto al Parlamento gallego, donde, además de presentarse en dos ocasiones como candidata a la Xunta, fue diputada durante la legislatura 2012-2016. Y de la escena regional pasó a la política nacional al convertirse en diputada del Congreso gracias a la confluencia de partidos de izquierda En Marea. Se convirtió así en parte del núcleo duro de Pablo Iglesias, al que ella misma había contratado tiempo atrás como asesor para una campaña electoral, y forjó una íntima amistad con Irene Montero.

Entre sus responsabilidades dentro de la Cámara Baja, destacó su papel protagonista dentro de la comisión del Pacto de Toledo, encargada de elaborar las recomendaciones para llevar a cabo la esperada reforma del sistema de las pensiones. Pero precisamente fue ella -o al menos así la culparon desde muchos grupos políticos- la que hizo saltar por los aires el acuerdo precisamente cuando estaba más cerca. En el último momento, Unidas Podemos se descolgó de todo el texto pactado, justo antes de las elecciones del 28 de abril, y puso punto y final a una de las tareas más importantes que tiene por delante el país. «Nunca vamos a estar para recortar las pensiones», se defendió entonces. Sin embargo, entre sus tareas no estará esta reforma, puesto que la Seguridad Social no formará parte de las competencias del nuevo Ministerio de Trabajo.