Aunque todo indicaba la semana pasada que la polémica por la crítica a las macrogranjas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sería flor de un día como ocurrió hace seis meses con la llamada 'guerra del chuletón', el Gobierno continúa aún enredado en el bucle ... que se ha generado por la cuestión. Ha contribuído el descenso de la actividad parlamentaria en enero, la ventana de oportunidad que a PP y Vox se le ha abierto para caldear la precampaña electoral en Castilla y León, pero también el desfile constante de ministros del PSOE y Unidas Podemos por los medios para airear sus discrepancias. El titular de Agricultura, Luis Planas, ofreció solo el martes pasado cuatro entrevistas a cadenas de televisión y emisoras de radio en las que tildó las palabras de su compañero de «bastante desafortunadas». Garzón, por su parte, visitó otro plató esa noche para mantenerse firme en su postura.
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El comienzo del nuevo ciclo electoral el próximo 13 de febrero inaugura una eterna campaña de dos años con la guinda de las generales de 2023, una pugna que pondrá a prueba la salud de la coalición con dos socios que pasan a ser rivales. En anteriores citas imperó la idea de no hacer fuego amigo y este miércoles por la mañana la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, volvió a pedir «respeto» una vez más para el coordinador de Izquierda Unida y admitióque sería «bastante surrealista» que Garzón tuviera que dimitir por decir lo que «defiende» el Gobierno en sus documentos (en referencia al punto 4.13 del acuerdo de investidura).
La ministra de Trabajo mostró de nuevo su malestar y el de Unidas Podemos por la actitud adoptada por el PSOE en una polémica sobre la que el lunes se manifestó ya el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de forma medida pero crítica hacia el ministro de Consumo. «No voy a dar nombres, pero hay muchos ministros y ministras que saben que he estado a su lado cuando han recibido duras críticas de la oposición», le respondió Díaz.
En Unidas Podemos atribuyen al contexto electoral de Castilla y León y al temor a perder apoyo en la España rural los duros reproches lanzados por dirigentes y barones socialistas como Javier Lambán o Emiliano García-Page contra Garzón por unas palabras que, a su juicio, perjudican al sector de la ganadería y siembran dudas sobre la calidad de los productos españoles. Acusan a sus socios de haberse alineado con la derecha y la ultraderecha al dar pábulo a una interpretación que califican de «bulo».
Al mismo tiempo, en el Gobierno empieza a calar la idea de que alimentar la pugna puede descontrolarse y acabar beneficiando a PP yVox. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, intentó rebajar el suflé y fue el primer miembros socialista del Ejecutivo en echar un capote a Garzón, una semana después del inicio de la polémica. Reconoció que no tiene «la impresión de que el ministro Garzón deba dimitir por sus palabras». Para la titular de Transición Ecológica, el Gobierno apoya «la agricultura extensiva y las pequeñas explotaciones familiares». Además, reconoce que le «llama la atención el interés que tienen algunos miembros de la oposición en reivindicarlo».
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El PP, por su parte, no está dispuesto a desaprovechar el inesperado regalo que les ha hecho Garzón para apretar a Pedro Sánchez al que acusa de ser «un presidente débil» y de «doblegarse ante Yolanda Díaz» al no cesarle como ministro por sus declaraciones sobre las macrogranjas. «Nos produce vergüenza que Sánchez diga que lamenta la polémica generada por Alberto Garzón y nos preguntamos por qué no lo cesa, no valen los lamentos ni ponerse de perfil, tiene que actuar en defensa de los intereses de España», aseveró el secretario general, Teodoro García Egea.
El número dos de los populares también advirtió al presidente de que tiene que elegir entre si «está con los ganaderos» o si está con Garzón. «No se puede estar con los dos a la vez», apuntó. La ganadería es esencial en Castilla y León (el sector primario representa un 9,2% del PIBde la región), y con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, los populares redoblan la presión contra «un ministro sin competencias» e «incompetente» y exigen su cese «fulminante». «Debería estar fuera del Gobierno por el bien de España y de la imagen exterior de un sector», insistió García Egea, «que no merece los insultos» del ministro de Unidas Podemos.
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