La ley de vivienda, el nuevo caballo de batalla en el Gobierno

Los de Iglesias habían marcado como línea roja a dar su apoyo a las cuentas públicas la «urgente» regulación de los precios del alquiler, algo que no convencía del todo al sector socialista del Gobierno, no tanto por el contenido, sino por el método. Pero cuando parecía que las negociaciones iban a encallar, el presidente Pedro Sánchez, autorizó a los suyo a ofrecer a los morados que esta medida se incluyera en la nueva ley de vivienda que ya estaba preparando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Su titular, José Luis Ábalos, confirmó hace algunas semanas que la intención del Ejecutivo pasa por llevar la futura ley al Consejo de Ministros para su aprobación el próximo mes de febrero. Pero los flecos siguen sin estar cerrados.

Fuentes cercanas a las negociaciones insisten en que se están repitiendo los roces que ya tuvieron lugar durante aquellas semanas previas al Consejo de Ministros en el que se finiquitó la cuestión presupuestaria. «Hay dos visiones distintas respecto a la cuestión», aseguran.

Por un lado, los morados quieren que el texto recoja una ley similar a la aprobada en Cataluña, que prevé, entre otras medidas, limitar el precio de los alquileres en el caso de las viviendas situadas en áreas declaradas formalmente como «mercado tenso». Para ello esgrimen el compromiso firmado por ambas formaciones hace un año en el Programa de Gobierno de Coalición, que recogía expresamente la intención de «frenar las subidas abusivas del alquiler».

Enfrente, un sector encabezado por la vicepresidenta Tercera, Nadia Calviño, que pide «calma y reflexión». Son más partidarios de limitar el calado de las medidas con el fin de no generar inseguridad jurídica entre los arrendatarios de viviendas y locales comerciales.

La antesala de esta pugna política se ha producido en el decreto antidesahucios, sobre el que hay acuerdo en lo básico, pero cuya negociación se encuentra encallada. Los socialistas tratan de añadir una cláusula con la que se compense a los grandes propietarios (con más de diez viviendas), pero en Podemos se niegan a aceptarlo.