Villarejo, los Obiang y el preso ruso

Según los querellantes, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), los Kokorev podrían haber movido unos 23 millones de euros a través de una empresa 'pantalla' llamada Kalunga Company S.A., dedicada a operaciones de transporte aéreo y marítimo.

Pese a que las autoridades de Malabo, capital insular, justificaron en sede judicial los servicios de Kalunga, el llamado 'caso Kokorev' languidece sin visos de llegar a juicio. Ello pese a que la instructora de Las Palmas, Ana Isabel Vega, y el fiscal anticorrupción Luis del Río apoyaron en agosto la prórroga de la prisión de Kokorev por riesgo de fuga. Este exprofesor de historia y traductor de español del Partido Comunista de la Unión Soviética recibió en noviembre pasado el respaldo de varios eurodiputados del Partido Popular Europeo, quienes remitieron sendas cartas al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General pidiendo explicaciones sobre la situación judicial y personal del reo.

Su mujer Julia Maleeva, intérprete y periodista, y su hijo Igor fueron excarcelados en septiembre pasado bajo estrictas medidas cautelares. Ambos aguardan su salida en su piso de la capital canaria con el agravante de que no pueden cubrir los 600.000 euros de fianza porque tienen las cuentas bloqueadas.

En definitiva, si el delito de blanqueo de capitales son seis años Kokorev lleva en preventiva casi la mitad sin haber sido juzgado. De ahí que el fiscal general, Julián Sánchez Melgar, anunciara a finales de diciembre la apertura de una investigación para conocer la denuncia de los eurodiputados por la supuesta violación de sus derechos.

La primera querella de la APDHE se presentó en septiembre de 2008 en la Audiencia Nacional. Como acusación popular, la asociación presidida entonces por el abogado Manuel Ollé (hoy defensor, entre otros, del exdirigente del PP Ricardo Costa), se dirigía contra once familiares directos o indirectos de Teodoro Obiang, presidente de la excolonia española desde 1979.

Entre los querellados por presunto blanqueo en España estaban el entonces ministro de Minas y Energía Marcelino Owono Edu y su número dos Gabriel Mbega Obiang Lima, hijo del presidente y desde 2012 sucesor del primero. Un cargo que supone controlar el petróleo y el gas de este país de solo 1,2 millones de habitantes y tercer productor del continente tras Angola y Nigeria (unos 250.000 barriles de crudo al día).

El grueso de la querella de la APDHE era un informe de 2004 del Senado estadounidense sobre blanqueo y corrupción extranjera de la entidad nacional Banco Riggs. Las pesquisas corrieron a cargo de la Fundación Open Society, creada por el especulador y benefactor George Soros con el objetivo de defender causas liberales globales para sus intereses. La querella fue vista por el juez Baltasar Garzón en octubre de 2008 y en febrero siguiente se inhibió a un juzgado de Las Palmas porque los hechos se habrían cometido allí.

En 2012 las pesquisas ya cercaban al entorno directo de Teodoro Obiang. El presidente vivía entonces una guerra familiar por el control político del petróleo tras el nombramiento del querellado Gabriel Mbega Obiang Lima, hijo de Celestina Lima, una de sus cuatro mujeres, como ministro del ramo. Esta circunstancia enfrentó a este clan con el de Constancia Nsue Okomo, primera esposa del mandatario y cuyo hermano pequeño, Cándido Nsue, era entonces director general de Gepetrol, empresa nacional de petróleo. Cándido fue cesado en 2015 tras perder la batalla con Gabriel, aunque su influencia siguió a través de dos sobrinos: Jonás Nsue y Crispín Edu Tomo.

En este conflicto entró en escena en 2012 el controvertido comisario jubilado José Manuel Villarejo, exagente encubierto y señalado en los casos Pujol, 'Pequeño Nicolás', 'Doctora Pinto' o 'Astapa' (corrupción en el ayuntamiento de Estepona, donde Villarejo tiene multitud de propiedades). Experto en servicios de gestión de crisis, Villarejo se encuentra en prisión preventiva desde el 5 de noviembre tras ser detenido en la 'operación Tándem' junto al comisario Carlos Salamanca y Rafael Redondo, abogado y socio del primero.

Los investigadores recibieron en abril pasado una denuncia anónima que afirmaba que en 2012 Cándido Nsue encargó a Villarejo un informe sobre Gabriel. Se trataba de buscar trapos sucios y difundirlos a través de la red de medios cómplices para desacreditarle y anularle en las luchas familiares. Fue el comisario Salamanca, entonces responsable del Aeropuerto de Barajas, quien hizo de enlace y Villarejo firmó el contrato a través de una de sus empresas, Grupo Cenyt, por 5,3 millones, según publicó El País.

Unos anexos detallaban las fases de actuación de los seguimientos, interceptación de comunicaciones y obtención de información bancaria y personal de Gabriel Obiang, el ministro del petróleo denunciado por la APDHE en el 'caso Kokorev', donde curiosamente no fue acusado el cliente de Villarejo, Cándido Nsue.