Villarejo se escuda en la «cobertura» de Interior y CNI para justificar su actividad privada

Así fue la tensa toma de contacto de Villarejo, ya sin toga, como interrogado en el primer juicio de la 'operación Tándem'. El procedimiento que ha puesto patas arriba a instituciones del país como la Casa Real, con los audios de Corinna y don Juan Carlos; la sombra de la fortuna oculta de la familia Pujol; la operación de espionaje a Luis Bárcenas que sacude al PP; o el señalamiento de algunas de las empresas más importantes del Ibex-35 y sus mandatarios, pasados y presentes, por contratar los servicios de Cenyt, la empresa matriz de este expolicía de 70 años.

Tras quedar en libertad provisional, Villarejo ha presumido de tener unas «ganas locas» de declarar ante un tribunal. De aclarar todas las acusaciones «falaces» y poner el cascabel al gato sobre la responsabilidad compartida de esta causa, «patrocinada» por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para retirarlo de la circulación, según ha dicho.

Con este contexto, el comisario cordobés defendió este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que su grupo empresarial era una tapadera del Estado para su trabajo como «agente de Inteligencia». Y añadió que los audios que grababa de forma subrepticia fueron respaldados por el CNI, que le encargó hace 20 años «monitorizar» toda su vida, «y por eso grabé todo». Una mención que sabe que el servicio de inteligencia no le va a rebatir.

Villarejo explicó que su estructura mercantil ha recibido dos avales del Ministerio del Interior a lo largo de estos años. El primero en 1995, durante el Gobierno de Felipe González, y más recientemente en un informe de compatibilidad que cree que encargó el exministro Jorge Fernández Díaz durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

A preguntas del fiscal Serrano, el comisario reconoció que durante 2012, 2013 y 2014, en los que se desarrollaron algunos de los trabajos que ahora se juzgan, percibió una nómina como agente en activo, indicando que estaba obligado para poder actuar «dentro de las estructuras del Estado». En paralelo, explicó, ejercía de «cabeza de familia» de su empresa y estaba dado de alta en el Colegio de Abogados de Madrid.

Serrano quiso saber si hubo autorización para que Villarejo actuara con esta triple vertiente, ante lo cual el acusado relató que en 1995, «cuando surgieron los primeros incidentes», hizo un escrito donde explicó «detalladamente» cuál era «el pacto» que había llegado con González y el ministro José Luis Corcuera por el que accedía a volver al servicio como agente con la «cobertura legal» de sus empresas.

Años después, señaló, se rubricó un expediente de compatibilidad en 2015 y 2016, que fue ordenado por el ministro Fernández Díaz, «probablemente a sugerencia del presidente del Gobierno, que ya empezaría a preocuparse» por la aparición de informaciones sobre el comisario en prensa raíz del 'caso del pequeño Nicolás'.

El acusado -se enfrenta a 109 años de prisión por múltiples delitos- admitió que colaboró en la elaboración de este documento tras reunirse con el entonces director de la Policía Ignacio Cosidó y el jefe operativo, Eugenio Pino. ¿Y las pruebas? Respondió que «todas las labores de inteligencia suelen ser secretas», por lo que «hay muy pocas cosas que queden por escrito». La declaración continúa este martes.