El Gobierno descarta trasladar inmigrantes desde Canarias a la península

Al Ejecutivo le urge paliar una crisis migratoria que amenaza con convertirse en un polvorín político y social, y que se está dejando notar con especial crudeza en el puerto de la localidad de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, donde 1.300 inmigrantes se encuentran hacinados en condiciones precarias (en las últimas semanas su número llegó a superar los 2.000 en un dique de 3.600 metros cuadrados).

La principal medida, propuesta desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, consistirá en levantar carpas repartidas en Gran Canaria, Tenerife y Fuertenventura que acogerán a a 7.000 inmigrantes. Con esto prevén aliviar la presión sobre Arguineguín y los 17 establecimientos hoteleros que en los que actualmente se encuentran 5.500 personas en situación irregular.

El ministro del ramo, José Luis Escrivá, visitó ayer Las Palmas de Gran Canaria junto al titular de Transportes, José Luis Ábalos, para presentar dicho plan, que se pondrá en marcha en dos fases: una de emergencia en la que primará la ampliación del número de plazas (el año pasado las islas contaban con solo 100 de ellas) y otra de estabilización en la que se mejorarán dichas instalaciones.

Según avanzó Escrivá, la mayoría de estos migrantes no son candidatos a entrar dentro del sistema de acogida, por lo que «son expulsables». La decisión se ha escudado, de nuevo, en Bruselas, argumentando que la política de traslados «afecta a toda la Unión Europea».

Pero esta estrategia sigue sin convencer a las autoridades canarias y el presidente de la región, Ángel Víctor Torres, se niega que las islas acojan al 100% de los inmigrantes. Su principal temor es que el archipiélago pueda llegar a convertirse en un nuevo Lesbos (Grecia) o Lampedusa (Italia) que ya sirvieron como escudo del continente europeo frente a los flujos migratorios tradicionales y de refugiados en el Mediterráneo.

Autonomías como la Comunidad Valenciana, Navarra, Extremadura, País Vasco y Castilla y León, además del Ayuntamiento de Barcelona, ya han ofrecido plazas al Ministerio para su sistema de acogida. Algo rechazado de plano por Interior salvo en los casos de personas vulnerables o merecedoras de protección internacional.

Paralelamente, Grande-Marlaska, durante su visita a Rabat, pidió a su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, un mayor control de su costa atlántica y que se reanuden las repatriaciones de inmigrantes para frenar la llegada de cayucos a las costas canarias. Sin embargo, el ministro no desveló como ha acogido Marruecos estas peticiones. Según el último informe sobre migración del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de este año han desembarcado en el archipiélago 553 embarcaciones con 16.760 personas a bordo, un 1.019,6% más que en el mismo periodo de 2019 (cuando el número ascendió a 1.497).

La titular de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, visitará el próximo lunes Argelia para intentar alcanzar compromisos similares.

En el Consejo de Ministros ya hay voces que reconocen errores en la gestión de la crisis. La ministra de Defensa, Margarita Robles, señalaba por la mañana que el Gobierno «tiene que hacer autocrítica». En concreto, por la situación en la que se encuentran los inmigrantes en Arguineguín, cuyas condiciones, «en algún momento no eran las adecuadas para seres humanos», calificó en una entrevista en TVE.