La unidad del secesionismo se rompe solo horas después del 1-O

Una «declaración unilateral de independencia efectiva». Esta fue la exigencia que puso este sábado sobre la mesa la Asamblea Nacional Catalana (ANC), entidad privada que ejerce de lobby nacionalista, en el marco de una nueva movilización para conmemorar el cuarto aniversario del referéndum ilegal del 1-O de 2017.

La ANC organizó ayer tres marchas ciudadanas: una desde Sant Julià de Ramis (Girona) hasta Aiguaviva (Girona), otra desde Fraga (Huesca) a Lleida y una tercera desde Vinarós (Castellón) hasta Sant Carles de la Ràpita (Tarragona). Las tres buscaban homenajear a algunas de las localidades que participaron en la consulta unilateral. La marcha que más asistencia congregó fue la de Girona, con 7.000 personas, según la organización. Las otras dos no superaron los centenares de manifestantes. «Nueva demostración de fuerza», afirmó no obstante la entidad nacionalista, que mantiene viva la llama de la movilización, pero ya no consigue las protestas multitudinarias de los años álgidos del 'procés' y su capacidad de influencia no es ni de lejos la que le permitía marcar las agendas de Artur Mas y Carles Puigdemont.

La capacidad de convocatoria de la ANC volverá este domingo a ponerse a prueba con la celebración en el centro de Barcelona de una manifestación por el 3-O, el día de la huelga general de hace cuatro años y el del discurso del Rey. Pondrá punto final a tres días de protestas, con las que el secesionismo ha tratado de reactivar la calle, aunque ha comprobado que ya no es tan sencillo como hasta 2019. El día de la detención de Puigdemont fue una prueba de que el nacionalismo ha perdido mucho tirón movilizador. La división en el movimiento tiene parte de culpa.

Y es que, las llamadas a la unidad en el independentismo, aprovechando el aniversario del referéndum ilegal del 1-O, apenas duraron 24 horas. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), otrora principal motor movilizador del 'procés', escenificó este domingo que transita por un carril que está a años luz de la vía por la que circula el Govern encabezado por Pere Aragonès. Si en la connemoración del 1-O todos los actores del soberanismo coincidieron en que el referéndum ilegal fue posible porque las instituciones catalanas y la sociedad civil nacionalista fueron a la una, la realidad a día de hoy es otra.

La ANC reclama que se mantenga el mandato del 1-O y se haga efectiva la secesión, mientras el presidente de la Generalitat sitúa como objetivo de la legislatura negociar un referéndum con el Gobierno central, eso sí, sin plazos y desde la premisa que el acuerdo de base entre el PSOE y ERC establece que lo que se sometería finalmente a votación sería el acuerdo que se alcanzara en la mesa. Sectores del secesionismo más radical, como la ANC, ven en esta cuestión una posible renuncia a la independencia, si bien Aragonès insiste en que la única solución pasa por la autodeterminación y la amnistía.

Y además todos esos sectores menos moderados recelan contra la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Aragonès comprobó el jueves en el Parlament que no cuenta con apoyos en el independentismo, más allá de su partido, para buscar una solución dialogada a la cuestión catalana. La CUP y Junts se desmarcaron y no votaron una moción a favor de la mesa, la ANC rechaza la apuesta de distensión del presidente y su antecesor, Quim Torra, se despachó ayer a gusto. «Buscan una fotografía», criticó. La mesa de diálogo «no es importante para Cataluña», remató. Torra, en cambio, vio muy interesante la propuesta de la CUP, que exige a Aragonès que fije ya la fecha de un nuevo referéndum unilateral como el del 1-O de 2017.