Los empresarios rechazan la reducción de la jornada laboral acordada entre PSOE y Sumar

«Resulta sorprendente que el acuerdo se adentre en cuestiones propias del Diálogo Social, acordando aspectos muy relevantes, como el relativo a la jornada laboral, a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente y que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales», señala la nota.

Consideran que existe la posibilidad de explorar nuevas fórmulas de reparto entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso u ocio, pero no como consecuencia de una imposición legal sino mediante la negociación colectiva. «La regulación de la jornada debe tratarse sector por sector y empresa a empresa, analizando en cada caso si hay margen de productividad suficiente y las necesidades organizativas del empleador».

También defienden que con este acuerdo no se están respetando los pactos sociales alcanzados en el Diálogo Social, «desde la Reforma Laboral hasta el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva firmado el 10 de mayo por un periodo de tres años. Lo contrario es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales».

«Es un paso necesario que va en la buena dirección». Con estas palabras se referido Pepe Álvarez, el líder sindical de UGT, a la medida estrella del reducir la jornada laboral a 37,5 horas sin perder sueldo.

En declaraciones a la prensa, Álvarez ha abundado en la reclamación de las asociaciones sindicales para ir hacia una reducción sustancial del tiempo de trabajo sin menoscabo del poder adquisitivo. «En un país de pymes era imprescindible empezar a inciar un proceso de la rebaja del tiempo máximo de la jornada máxima legal del trabajo que en España el año que viene hará 40 años que no se toca», ha afirmado.

Pese a ello, cree que empezar con la jornada de 37,5 horas no «nos puede privar de visualizar ese horizonte generalizado de una jornada de 35 horas semanales». «En el 84 la reducción del tiempo de trabajo se produjo como consecuencia de un primer acuerdo marco de la UGT y la CEOE, y espero que en este sentido podamos este año con la CEO acordar la implementación de este acuerdo político, de este compromiso de legislatura porque me gustaría que fuera un camino conjuntamente con las organizaciones empresariales», ha señalado.

Álvarez admite que puede que la primera reacción por parte de los empresarios no sea muy positiva, «pero espero que sea lo suficientemente abierta como para que nos permite iniciar ese proceso de negociación».

Precisamente, ayer mismo la vicepresidenta de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, defendió que la prioridad para la próxima legislatura será lograr el «pleno empleo efectivo» y remitió el «debate» sobre la reducción de la jornada laboral al ámbito de la negociación colectiva.