La UE ralentiza el plan de Sánchez para implantar el catalán en Europa que exige el independentismo

Por de pronto, el reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la Unión sigue generando dudas a algunos Estados miembros. Solo un día después de que Suecia mostrara sus reservas, Finlandia se ha sumado a la lista de «países dubitativos» que piden más tiempo para estudiar el impacto económico y político de esta decisión, que requiere de unanimidad en el Consejo Europeo. Todo ello, a pesar de que el Gobierno español se haya ofrecido a asumir el coste asociado al uso de estas lenguas.

Estas diferencias entre los Veintisiete alejan la posibilidad de que los ministros europeos lleguen a un acuerdo este martes, 19 de septiembre, en el encuentro de Asuntos Generales del Consejo Europeo, en el que debía votarse esta cuestión. La división de opiniones quedó patente en la reunión de preparación del encuentro, a nivel de embajadores, donde los Estados miembros han planteado sus dudas prácticas, jurídicas y presupuestarias.

Las capitales europeas solicitan un aval jurídico y análisis del impacto financiero y administrativo que conlleva un cambio de reglamento antes de pronunciarse. Piden, además, que se lleven a cabo «discusiones técnicas» en grupos de trabajo específicos y consideran que «es muy pronto para tomar una decisión».

Estas consultas retrasarán la toma de decisión de un asunto que algunos países consideran delicado. Les preocupa que la introducción del catalán, el euskera y el gallego en la UE encienda el debate para incorporar otras lenguas presentes en distintas regiones europeas.

El Gobierno de Sánchez se ha esforzado por trasladar el debate a los ministros europeos lo antes posible ante las urgencias de Junts para encarar la investidura. En la práctica, la oficialidad del catalán, del euskera y del gallego permitiría el uso de las tres lenguas en las instituciones comunitarias -lo que requeriría de traductores- y exigiría la redacción de tratados, documentos y comunicaciones tanto internas como externas en estos tres idiomas.

Ya en 2004, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero trató de lograr el aval europeo de las lenguas cooficiales. La petición fue rechazada por la presidencia del Consejo Europeo de aquel entonces, en manos de Luxemburgo. Aunque el Gobierno tiene «una postura firme», el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reconocido que la decisión obligaría a modificar los tratados europeos.