La UDEF asesta el mayor golpe a la corrupción municipal de la historia reciente de España

Fue un despliegue casi sin precedentes en el que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, dio por desmantelada una vastísima red de adjudicaciones amañadas en la gestión del tráfico municipal que operaba, en algunos casos, desde 2010 y que salpica a cargos electos del PP, del PSOE y, por primera vez, de Ciudadanos, al menos con tres responsables del partido bajo sospecha. El alcalde la formación naranja en el municipio de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, se convirtió en el primer regidor de ese partido detenido por corrupción.

El epicentro de la investigación es la firma Aplicaciones Gespol, empresa tecnológica perteneciente a Valoriza Medioambiente, de Sacyr. El grupo se apresuró a explicar que Gespol, dos de cuyos responsables fueron arrestados, fue comprada en octubre 2016, por tanto, antes de la mayoría de las adjudicaciones investigadas.

Las adjudicaciones investigadas son de lo más variadas, aunque todas están relacionadas con la «pacificación del tráfico en sentido amplio», según citan textualmente los atestados a los que ha tenido acceso COLPISA. Los funcionarios reclamaron en los ayuntamientos y empresas todos los expedientes sobre radares, semáforos, cámaras de seguridad, circuitos cerrados, sistemas de radiocomunicación, alumbrado, previsión meteorológica, grúa, zona azul, gestión tributaria y de sanciones y software de policía local.

Los contratos, apuntan los investigadores, eran sometidos a todo tipo de irregularidades. Entre ellas, pago de mordidas a alcaldes, funcionarios y jefes policiales a cambio de adjudicaciones a Gespol, alteración de los pliegos, fraccionamiento de los importes, hinchado de precios e, incluso manipulación de los datos sobre siniestralidad y puntos negros para justificar adjudicaciones innecesarias. Una persona, según la UDEF, estaba en uno de los puntos clave de esta trama como mediador, el empresario leonés José Luis Ulibarri, relacionado con la trama Gürtel.

Los cargos de Anticorrupción contra los investigados son múltiples: cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La trama extendió sus tentáculos en, al menos, seis ayuntamientos de capitales de provincia: Huesca, Lleida, Oviedo, León, Palencia, Vitoria, Logroño y Teruel, además de la Diputación de Alicante. El listado de municipios menores salpicados es igualmente largo: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla, Torrelodones, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo (Madrid); Tiana, Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar, Rubí y Mollet del Vallés (Barcelona); Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés de Rabanedo y Villaquilambre (León); La Cistérniga (Valladolid); Vélez-Málaga; El Puig y Gandía (Valencia); El Grove (Pontevedra) y San Vicente del Raspeig (Alicante).