La UDEF buscó en los despachos de Ulibarri y García Martín pruebas de sobornos a los Ayuntamientos

Eran las órdenes directas y que cumplieron a pies juntillas los agentes en el marco de la 'Operación Enredadera' que investiga una presunta de red amaños de contratos públicos. La intervención de los teléfonos de algunos de los hoy imputados fue clave para desentrañar este entramado y por ello cualquier indicio era clave para el trascurso de la investigación.

Por ello, en los registros los agentes además realizaron un registro de todas las llamadas, la mensajería, las cuentas de correo o de las comunicaciones que los investigados hubiesen realizado a través de redes sociales, desde Facebook pasando por Twitter o Vibber.

El fin último era recabar toda la información posible que pudiera corroborar las conductas ilícitas de los investigados que ya se habían puesto de manifiesto en conversaciones telefónicas y, así, ayudar a esclarecer los hechos.

La búsqueda se centraba información desde el 2010, año en el que las empresas hoy investigadas empezaron a crecer alimentadas por sospechosos contratos. Por ello, se buscaba cualquier pliego utilizado en concurso público e incluso cualquier documentación bancaria que pusiese de manifiesto pagos o regalos que se hicieron a responsables municipales y técnicos.

Asimismo, cualquier tipo de documentación sobre la celebración de congresos sobre control de tráfico que ocultasen pagos a funcionarios y acreditación de haber realizado cualquier tipo de trabajo o servicios a los ayuntamientos sin la existencia de un contrato.

Por ello, entre las órdenes estaba el registro de los domicilios de José Luis Ulibarri en Madrid y Valladolid, donde fue detenido y puesto a disposición judicial. Tras prestar declaración, el juez decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

Es uno de los cuatro investigados que actualmente se encuentran en la cárcel. El segundo es el empresario maragato Ángel Luis García Martín, apodado 'el patatero'. Los agentes registraron sus viviendas en León capital y Madrid.

Asimismo, fueron objeto de registros los despachos de ambos empresarios en las sociedades Grupo Agema, Utebo, Anento, Arco y Aralia, tanto en Madrid como en León así como los despachos de Ulibarri en Valladolid.

Aquí también fue registrado el despacho de Miguel Hernán Manovel, mano derecha de Ulibarri, que tras prestar declaración quedó en libertad al igual que el diputado por Ciudadanos –hoy expulsado- Juan Carlos Fernández y su asesor Sadat Maraña, cuya vivienda fue registrada por los agentes de la UDEF, así como el delegado del Grupo Agema en el norte, Juan José Simón Calleja.

La causa, que fue declarada secreta, investiga delitos contra la administración pública, de falsedades documentales y de grupo u organización criminal y, en su curso, propició la apertura de dos piezas separadas en el Juzgado de León y de Astorga.