El TSJC procesa al consejero catalán de Exteriores por desobediencia en el 1-O

La Fiscalía solicita la imposición de una pena de multa de diez meses, con una cuota diaria de 80 euros y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad cada dos cuotas impagadas, así como la inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por tiempo de un año y seis meses. Solé está acusado de ignorar la providencia dictada por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de 2017, el día siguiente de que la Cámara catalana aprobara la ley de referéndum, que fue anulada por el Constitucional. La resolución advertía a las autoridades -incluidos los alcaldes- su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada del referéndum. En concreto, les ordenaba a que se «abstuvieran de iniciar, tramitar, informar o dictar en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permitiera la preparación y/o la celebración del referéndum», apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades penales.

Según la Fiscalía, Solé ignoró la resolución del Constitucional pues cedió un colegio público de titularidad municipal para la celebración del referéndum. Además, ese mismo 1 de octubre «tomó decisiones, como esconder las urnas por temor a que fueran descubiertas por los agentes de la autoridad, ocultándolas y volviéndolas a colocar en varias ocasiones, proponiendo, finalmente, a los componentes de las mesas y organizadores del referéndum que la votación acabara una hora antes de lo previsto», según recoge el auto de procesamiento. El otro hecho que se le imputa es que días antes del referéndum ilegal organizó un acto en un inmueble de titularidad consistorial, en favor de la promoción, celebración y participación en la votación.

En lo que respecta a Miquel Buch, su caso está relacionado con los escoltas de Carles Puigdemont tras su huida a Bruselas, días después de declarar la independencia, el 27 de octubre de 2017. La Fiscalía le acusa de prevaricación y malversación por nombrar como asesor a un sargento de los Mossos para que presuntamente siguiera haciendo servicios de escolta al expresidente de la Generalitat, después de cesar como presidente. Buch ya fue citado el pasado mes de marzo, pero el estallido de la pandemia retrasó su comparecencia.