Los jueces mantienen por ahora las elecciones catalanas para el 14-F

La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha deliberado esta mañana respecto a los recursos interpuestos contra el decreto firmado por el vicepresidente de la Generalitat que suspendió la convocatoria electoral del 14 de febrero y anunció el aplazamiento para el 30 de mayo.

Los jueces han decidido «mantener la suspensión del decreto», acordada por la misma sala el pasado 19 de enero. La resolución judicial «deja sin efecto» el decreto del Govern que suspendía la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña del 14 de febrero de 2021 «debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia causada por la covid».

Por tanto, se mantiene cautelarmente la fecha del 14 de febrero de 2021 para la celebración de elecciones en tanto se tramita el recurso. La decisión no es definitiva y no permite avanzar conclusiones. La sala acorta, «por razones de urgencia», la tramitación de la demanda. Y ha dado a las partes, en lugar de los 8 días establecidos por la ley, a 4 días, para tener, como máximo, sentencia antes del 8 de febrero. Ese día es cuando en principio, y como fecha tope, podría conocerse cuándo será la data final de los comicios. «Cualquier recurso que se interponga, no suspende la decisión de la sala respecto de las cautelares», han aclarado fuentes del TSJC.

La decisión judicial vuelve a situar el tablero catalán en un laberinto. Porque podría ocurrir que arrancase la campaña electoral, el próximo viernes, con la vista puesta en acudir a las urnas el día 14, y en cambio el TSJC pudiera decidir, antes del 8 febrero, una semana antes de la cita con las votaciones, que el decreto del Govern que aplazaba los comicios se ajusta a la ley. Y en consecuencia, las elecciones quedarían pospuestas en medio de la campaña. Toda la maquinaría electoral se pararía de golpe.

De momento, apoyan la celebración de las elecciones el 14 de febrero, tanto el Gobierno central, como la Fiscalía y el PSC. En cambio, el Govern y todos los demás partidos catalanes del arco parlamentario se han mostrado en contra y son favorables al aplazamiento al mes de mayo. En cualquier caso, los partidos de la oposición piden al Ejecutivo catalán que resuelva los posibles errores que algunos juristas señalan que hay en el decreto. El Govern aduce razones sanitarias para el aplazamiento, pues estamos en pleno pico de la tercera ola y porque la situación en torno al 14-F puede ser «crítica». Argumenta además que el no aplazamiento podría restar legitimidad a la votación, pues se calcula que en torno a 200.000 catalanes -contagiados o en cuarentena- podrían quedarse sin posibilidad de ir a votar. El Govern argumenta además que Galicia y País Vasco también pudieron aplazar sus comicios, de abril a julio.

El Govern catalán en pleno ha comparecido este mediodía desde el Palau de la Generalitat para dar su apoyo al consejero de Exteriores, Bernat Solé, condenado esta mañana a una pena de inhabilitación por colaborar con el 1-O. En su intervención, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha calificado de «irresponsable» la decisión del TSJC de mantener el 14-F de forma provisional, pues a su juicio sume en la «incertidumbre» el proceso electoral. Aragonès ha cargado contra la justicia a la que ha acusado de situar a la ciudadanía en la disyuntiva de tener que elegir entre el derecho a voto o el derecho a la salud. La resolución causa «perjuicio» a la población, ha dicho, y «condiciona» las elecciones, ha rematado.