La inhabilitación de Torra sitúa la legislatura catalana en tiempo de descuento

La sentencia condena al dirigente nacionalista como «autor penalmente responsable de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público». Además, le impone una pena de 10 meses de multa con una cuota diaria de 100 euros. El fallo da por probado que el presidente de la Generalitat desobedeció a la Junta Electoral Central, como él mismo reconoció en la vista del juicio. Según el fallo judicial, «el único objeto de debate ha sido la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad». La decisión judicial del TSJC habla de la «recalcitrante y reiterada actitud desobediente» del dirigente nacionalista, que alegó que no acató la orden de la Junta Electoral para retirar las pancartas soberanistas porque le amparaba la libertad de expresión. El fallo judicial también es contundente: «Nada ampara la desobediencia en que incurrió el presidente de la Generalitat; ninguna circunstancia. Y tampoco el constante recurso al derecho a la libertad de expresión como eje de sus decisiones», señala.

La condena de Torra no es firme. El dirigente nacionalista anunció que recurrirá al Supremo y, en consecuencia, mientras el Alto Tribunal no resuelva su causa, podrá mantenerse en el cargo. En una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat también reclamó a los grupos soberanistas que impulsen una resolución en el Parlament de apoyo a su persona. Una ratificación simbólica en el cargo, con la que pretende trasladar que «los presidentes de este país no los deciden los tribunales en procedimientos irregulares, politizados y con sentencias ya redactadas antes del juicio». Torra habló de sentencia política dictada por un tribunal y una justicia que «no es ciega ni imparcial, sino partidista y completamente injusta». «Mi condena será su condena», avisó el dirigente.

Su inhabilitación, por tanto, pone en marcha la cuenta atrás para el final de la legislatura catalana. JxCat no esperará hasta conocer la resolución del Supremo porque Torra perdería la atribución que tiene para poder convocar elecciones. Está por ver cuáles son los pasos que toman a partir de ahora Carles Puigdemont y Quim Torra. Fuentes republicanas apuntaron ayer que el adelanto electoral debe ser inminente, incluso antes de la primavera de 2020. Todo depende de Puigdemont. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Junqueras le ha abierto de par en par las puertas de la Eurocámara y la posibilidad de moverse con una cierta libertad por la UE. Si consigue su acta de europarlamentario volverá a la primera línea política e incluso podría regresar a España a liderar la campaña electoral. O dirigirla desde Perpiñán, si finalmente acaba instalándose en la ciudad del sur de Francia.

Torra no contemplaba adelantar los comicios, pero la sentencia de Luxemburgo puede ser el empujón definitivo que necesitaba Puigdemont para remontar en las encuestas y activar el botón electoral. De no hacerlo, los escenarios también son inciertos. Torra podría seguir al frente del Gobierno hasta que en 6 u 8 meses se conozca la decisión del Supremo. Con la condena firme, debería dejar el cargo, que recaería en el vicepresidente, Pere Aragonès, quien podría aguantar meses en la presidencia a la espera de convocar una nueva sesión de investidura para la que JxCat y ERC no están hoy en disposición de pactar un candidato.