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El Tribunal de Cuentas desvelará este martes la cantidad a la que asciende la liquidación provisional por el presunto desvío de fondos para las denominadas «embajadas catalanas» y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), la acción exterior puesta en marcha por la Generalitat entre 2011 y 2017.
Un total de 42 ex altos cargos, entre los que se encuentran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, además de los exconsejeros indultados Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva, deberán hacer frente a este importe de forma solidaria.
Se estima que la cantidad podría superar los 5,4 millones de euros, que se sumarían a los 4,1 millones que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignados gracias a la 'caja de solidaridad' puesta en marcha por colectivos independentistas.
En el trámite se ha citado a los representantes legales de estas personas, quienes podrán presentar alegaciones para ajustar algunos de los conceptos reclamados. También estará presente tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, además de los abogados de la Generalitat, de Diplocat y de los colectivos Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana. Estos dos últimos están personados como acción pública.
La cantidad presuntamente desviada en Diplocat ha sido fijada tras una instrucción previa, que habría hallado 24 indicios de gasto irregular. No obstante, el Tribunal Cuentas ya advirtió que es imposible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto -416 millones entre 2011 y 2017-, ya que las «embajadas» gozaban de autonomía financiera. De hecho, existen partidas sin documentación y gastos a terceros.
Este procedimiento contable emerge en un momento político marcado por los indultos a los nueve presos del 'procés' y tras las declaraciones del ministro José Luis Ábalos. «Sabíamos que todas estas causas, que no dejan de ser piedras en este camino, estaban ahí. Por lo tanto, nos corresponde ir desempedrando todo este camino, pero hacerlo siempre desde dentro de la legalidad», dijo en referencia al procedimiento del Tribunal de Cuentas.
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