Puigdemont pide ayuda para pagar los 4,1 millones de fianza que le exige el TC por el 1-O

Este martes, el organismo fiscalizador ha reclamado la liquidación provisional de dicha cuantía a Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras -encarcelado- y al resto de miembros de su Gobierno (29 personas en total, entre exconsejeros y altos cargos).

Cuando este trámite concluya, se dará a conocer la fianza que se impondrá a los investigados para responder a una posible condena y, como es habitual en estos casos, garantizar el reintegro del dinero utilizado para este fin a las arcas públicas. Si no se consigna esta cantidad en un plazo de 15 días, se procederá a embargar sus bienes de forma preventiva.

Este procedimiento es el mismo que se siguió en su día contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, a quien se consideró máximo responsable de los gastos de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, que se cifró en casi cinco millones de euros y que tuvo que responder de forma solidaria con las fianzas del resto de implicados.

Puigdemont no podrá escudarse en la inmunidad que tiene adquirida como eurodiputado porque ésta figura no funciona en la jurisdicción civil.

Entre los investigados, además del expresident y de Junqueras, se encuentran los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull (también condenados por sedición y en prisión); Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila (condenados por desobediencia por la misma causa); y Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret (huidos).

También se ha citado este martes a los representantes legales de la exconsejera cesada en el verano de 2017 Neus Munté y a los ex altos cargos de la Generalitat Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj, Josep María Jové -uno de los negociadores que impuso ERC para acordar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez- y Josep Gineta (procesados por el juzgado de Barcelona que investiga la organización del referéndum).

Para concretar la cantidad se han analizado los gastos vinculados a la actuación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para la creación de páginas webs, aplicaciones, plataformas y programas informáticos que darían soporte digital a la votación; el uso de 2.259 locales habilitados como puntos de votación o publicidad institucional, como la denominada campaña 'Civisme'.

Igualmente, se ha indagado si se usaron fondos públicos para el suministro de papeletas, censo electoral, cartelería y cartas certificadas, que fueron incautadas en las naves de la empresa Unipost, así como la acción exterior desarrollada por la Generalitat en favor del proceso independentista.

La denuncia del Ministerio Público en el Tribunal de Cuentas no fija una cifra concreta del dinero que presuntamente se habría malversado el 1-O y que se debe reclamar. Sí cita facturas relacionadas con los locales de votación (900.906,70 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.666,96 euros en papeletas y 38.431,20 euros en cartelería.

También destaca que la «acción de la presidencia catalana» en el exterior absorbió 2,3 millones de euros, a lo que añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos. Por su parte, los otros dos demandantes, SCC y Abogados Catalanes por la Constitución considera que el Gobierno de Carles Puigdemont destinó 1.971.601,20 euros procedentes de fondos públicos de la Generalitat.

La magistrada instructora ha tenido también en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo que se dio a conocer el pasado 14 de octubre por el 'procés' independentista, que se remitió al Tribunal de Cuentas, dado que no puede puede reclamar el dinero, ya que la competencia es del órgano fiscalizador.

El alto tribunal cifró en más de 2,35 millones lo gastado por la Generalitat en la consulta independentista y condenó por el delito de malversación de caudales públicos a Junqueras y a los exconsejeros catalanes Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.