Tres exdirigentes del PNV irán a la cárcel por el mayor caso de corrupción en el País Vasco

La Audiencia Provincial de Álava también condena a sus socios Aitor Tellería a seis años de cárcel y a Koldo Ochandiano, socio de Txitxo (como todos llaman al antiguo diputado foral) y contable del parque tecnológico de Miñano, a seis años y nueve meses de prisión. La terna de magistrados ha encontrado igualmente culpable a Xabier Sánchez Robles, antiguo director del Departamento de Juventud, a «un máximo de cinco años y tres meses de prisión» por su influencia en la adjudicación de contratos a empresas de la trama.

El empresario que accedió a confesar durante el jucio que De Miguel le había instado a solicitar una comisión a unos empresarios catalanes por su mediación en una operación urbanística para instalar un polígono industrial en la localidad alavesa de Zambrana también tendrá que hacer frente a una pena de cárcel de 18 meses.

La Audiencia Provincial, por otra parte, ha absuelto a 11 de los 26 acusados, entre ellos al exviceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno vasco, Gurutz Larrañaga

El origen del 'caso De Miguel' data del 2 de diciembre de 2009, aunque salió a la luz pública el 17 de marzo de 2010 con la detención del entonces diputado de Administración Local, número tres de la Diputación y el hombre llamado a ser el futuro presidente del PNV en el territorio. Aquel día, la Ertzaintza detiene a Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Otxandiano y sus esposas. Todo estalló tras la denuncia de la abogada Ainhoa Alberdi, que desveló al fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, que había sido víctima de una extorsión del propio De Miguel, que le pedía una mordida 100.000 euros a cambio de un contrato en un parque tecnológico de Vitoria.

Esto solo fue el principio de una macrocausa dividida finalmente en 12 bloques correspondientes a otras operaciones bajo sospecha. La denuncia de Alberdi fue el hilo del que tirar ya que fue surgiendo una ramillete de empresas involucradas en presuntos pelotazos urbanísticos, como el de Zambrana, cifrado en 65 millones de euros.

Tras once meses de juicio, ha tardado un año en que se dicte sentencia. «Un mamotreto» de 1.000 páginas, según el juez Tapia. Si bien se esperaba la publicación del fallo fuese después de las elecciones municipales y forales, no se creía que se fuese a demorar hasta las últimas semanas de 2019.

En cualquier caso, esto no significa que el caso finalice porque cabe la opción de que las partes recurran, cuyos plazos serán extensos ya que primero habrá que notificar la sentencia a todos los acusados, algunos viven fuera del País Vasco por lo que la entrega se demorará varias jornadas.