Trapero, en boca de todos

Esta situación procesal del oficial, nacido en Santa Coloma del Gramanet hace de 54 años, hace que su declaración esté en el aire a día de hoy. En esta circunstancia, los abogados suelen recomendar que se rechace testificar para no agravar los indicios criminales. Entre otras razones, porque el testigo tiene obligación legal de decir verdad y responder a todas las partes. Aunque la última palabra de intervenir, como es lógico, la tiene siempre el compareciente.

En el caso del comisario Trapero no será por ganas, ya que esta semana ha escuchado cómo sus colegas de la Policía Nacional y la Guardia Civil le señalaron directamente en el juicio como responsable de una traición.

Lo hicieron en referencia al papel de los Mossos en el operativo conjunto puesto en marcha por orden judicial para impedir el referéndum del 1 de octubre de 2017 en centros públicos. «Fue una estafa, lo nunca visto», sentenció el pasado martes el coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo.

En el código policial, dejar vendido a tu compañero sobre el terreno es una de las mayores afrentas personales. Y en el caso concreto de Pérez de los Cobos con Trapero, este deshonor se hizo visible en toda su testifical. «Nunca aceptó mi autoridad. Consideraba mi nombramiento como una injerencia. Tuvimos una difícil relación desde el principio», estimó el coronel.

Los políticos tampoco se anduvieron con rodeos. «Compartía línea política (con Puigdemont), total alineación», aseguró al tribunal Enric Millo, exdelegado del Gobierno durante el 'procés'. «Hubo una pasividad total (de los Mossos), pese a que dijeron tener una capacidad sobrada» para gestionar el referéndum, apuntó José Antonio Nieto, entonces secretario de Estado de Seguridad.

«(Trapero) pensaba que ya se había aplicado el artículo 155 por la puerta de atrás», afirmó Pérez de los Cobos. «Yo le expliqué que lo primero era el cumplimiento del mandato judicial y le llegué a decir, 'José Luis, que aquí estamos todos en el mismo barco'», contó el testigo.

Pero cuando el Gobierno activó su plan B el 1-O y encargó a Policía Nacional y Guardia Civil que actuaran por su cuenta ante la inacción de los Mossos, el jefe del operativo policial chocó de nuevo con Trapero. «Me dijo que cada uno sería responsable de sus actos»», declaró en el juicio el coronel del Instituto Armado.

Pues bien, esa responsabilidad cayó a plomo del lado del mayor de los Mossos, que en solo dos meses vio como su figura se marchitaba.

Para entender la desobediencia del comisario Trapero -que le ha costado su procesamiento por dos delitos de sedición y una acusación por rebelión de la Fiscalía-, habría que explicar el meteórico ascenso de su nombre desde los atentados de Barcelona y Cambrils, en agosto de 2017. La proyección pública que adquirió y el tratamiento preferencial que le dio el Govern lo elevaron a los altares, convirtiéndole en un integrante del círculo de confianza de Puigdemont, que ya estaba metido de lleno en el proceso independentista.

Ello, pese a las 'sombras' de la actuación de la policía catalana tras explotar las 120 bombonas de butano almacenadas en el chalet yihadista de Alcanar, en Tarragona, según considera un alto cargo policial consultado. Este oficial estima que una gestión así hubiera provocado el despido fulminante de cualquier mando público de seguridad. Pero Trapero se mantuvo en su cargo.

Sin embargo, tras el 'procés' y la aplicación del 155 todo ha ido cuesta abajo para el comisario. El único guiño que ha recibido en el juicio vino de su subordinado Manel Castellví, jefe de Información, que el jueves declaró que los Mossos adviertieron al Govern de la «escalada de la violencia» si celebraban el referéndum, como al final ocurrió. Y así salvó de la quema a su compañero.