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Tras la andanada ayer de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en su informe de conclusiones, la defensa del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha salido hoy a la palestra en el juicio contra la cúpula de Interior del ... Gobierno catalán durante el 'procés'. El acusado por un delito de sedición -le reclaman 10 años de prisión y 10 de inhabilitación, o en su defecto un delito de desobediencia- ha cuestionado que el Ministerio Público sostenga que con el proceso secesionista se buscaba la independencia de Cataluña, cuando en la sentencia del Tribunal Supremo se establece que el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 fue una «ensoñación».
La abogada de Trapero, Olga Tubau, ha reprochado a la Fiscalía que haya manejado «a su antojo» la sentencia del alto tribunal contra los líderes políticos y sociales para señalar al mayor como autor directo de la sedición. La letrada ha recordado que esa resolución habla incluso de que el derecho a decidir del 1-O se acabó convirtiendo «en un atípico derecho a presionar». Lo hizo para restar carga probatoria al escrito del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo.
La defensa del mayor, que también representa a la intendente de los Mossos Teresa Laplana (se enfrenta a cuatro años de prisión) ha dicho «alto y claro» que lo que ocurrió en el referéndum fue «un fracaso político» y también «policial», pero de los tres cuerpos: Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional. Y por ello ha cuestionado que los dos últimos hayan investigado los hechos ante la Audiencia Nacional cuando, a su juicio, «tienen un interés directo en estos hechos».
La letrada ha criticado también que la Fiscalía acuse de «coautoría» en el delito de sedición porque si fuera así tenían que haber sido juzgados por el Supremo, y este tribunal rechazo tres veces agruparlos en la causa del 'procés' al entender que no había una conexión indisoluble de los hechos. «Algo cruje y cruje tanto, que hace difícil defender este planteamiento», ha señalado Tubau acerca de la calificación jurídica de la Fiscalía.
Después de que los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira defendieran ayer una condena para Trapero y los otros tres acusados por un delito de sedición como autores directos (con la citada alternativa de desobediencia), este martes ha sido el turno de las defensas para exponer sus informes pidiendo la absolución de sus representados.
Los otros dos encausados son el secretario general de Interior, César Puig, y el exdirector de los Mossos Pere Soler, quienes también se enfrentan a 10 años de prisión o la alternativa de desobediencia (no conlleva cárcel pero sí inhabilitación para empleo o cargo público).
El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad suspender las condenas de prisión de seis líderes independentistas catalanes por el «procés», mientras los magistrados resuelven sus recursos contra la sentencia del Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el tribunal de garantías ha denegado la petición de los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn, así como del exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos condenados por sedición.
No se han pronunciado los magistrados sobre las peticiones del líder de ERC y exvicepresiente del Govern, Oriol Junqueras; de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y del exconseller Raül Romeva, que se estudiarán más adelante dado que antes urge resolver las recusaciones que éstos plantearon contra todos los miembros del tribunal.
La razón por la que el TC ha rechazado dejar en suspenso las condenas, explican fuentes jurídicas, se fundamenta en una doctrina consolidada del propio tribunal que dice que solo se suspenden cuando las penas de prisión son inferiores a cinco años. En este caso, los seis líderes independentistas fueron condenados a entre 9 y 13 años de cárcel por sedición, un delito que, en el caso de Turull y Bassa, se les impuso en concurso con malversación.
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