El independentismo se resquebraja y pierde la mayoría absoluta del Parlament

La negativa del expresidente de la Generalitat a permitir una cierta normalización en la política catalana, un año después de que optara por la vía unilateral y decidiera fugarse después de declarar la independencia, obliga al Gobierno de Quim Torra a gobernar con el apoyo de 61 diputados de los 135 que tiene la Cámara catalana.

Un escenario de máxima debilidad que le condena a hacer encaje de bolillos y a perder votaciones en el Parlamento. Es lo que le ocurrió ayer con once propuestas de resolución del debate de política general celebrado después de que tuviera que ser aplazado el jueves pasado por las diferencias entre JxCat y ERC. Desde que se inició el proceso soberanista en 2012 no habían perdido ninguna votación.

El independentismo se quedó sin su posición de privilegio porque así lo decidió la Mesa de la Cámara catalana con los votos de Esquerra y el PSC, detalle este último que encendió aún más los ánimos en los sectores próximos al expresidente de la Generalitat, ahora huido en Waterloo. Esquerra había traicionado a «los presos y exiliados», era el sentir general entre la tropa puigdemontista, que cree que es mejor perder votaciones que obedecer a a Llarena. Después de días de tira y afloja, la Mesa no aceptó el voto delegado de los cuatro diputados de JxCat procesados (Puigdemont, Sànchez, Rull y Turull) que fueron suspendidos por el magistrado.

Roger Torrent tomó la decisión para evitar la desobediencia tras atender la opinión de los letrados de la Cámara, que concluyeron que la delegación de voto de los cuatro neoconvergentes no era posible porque no se adecuaba a la resolución aprobada en el pleno del 2 de octubre, podía invalidar las votaciones y dejaba a los miembros de la Mesa al borde de la querella criminal.

La delegación de voto era la fórmula con la que JxCat trató de burlar el auto de Llarena, pero los letrados de la Cámara la desaconsejaron. Esquerra, que en un principio había asumido el desafío de sus socios, se desmarcó e instó a los cuatro diputados de JxCat a adoptar la fórmula de Oriol Junqueras y Raül Romeva para asumir el auto de Llarena con la designación de un sustituto que asuma sus funciones parlamentarias.

La cuestión es que Puigdemont no quiere aceptar su suspensión como diputado pues aún aspira a ser investido presidente de la Generalitat. JxCat, además, busca las cosquillas a Torrent porque es el candidato de futuro de ERC, y quieren apartarlo cuanto antes. Además se la tienen jurada desde que en enero no permitió el debate de investidura de Puigdemont. JxCat consiguió lo que buscaba, aunque fuera a un precio muy alto, para que Torrent aparezca como un blando ante la justicia española.

Esquerra insiste en ceñirse a la legalidad y reconoce que no quiere nuevas imputaciones. No es que de un día para otro Esquerra se haya convertido al autonomismo. Pero el argumento de sus dirigentes es que no vale la pena desobedecer por cuestiones menores. JxCat, en cualquier caso, se negó a cambiar de posición porque implicaba acatar la orden judicial.

Las votaciones de ayer eran importantes porque eran las conclusiones del debate de política general iniciado la semana pasada. Así, por ejemplo, la pérdida de la mayoría absoluta independentista llevó a JxCat, ERC y la CUP a perder una votación que proclamaba el «derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeterminación». En cambio, la oposición aprobó 27 propuestas que en otras circunstancias habrían salido derrotadas con toda seguridad. Pero las de ayer no dejan de ser meras resoluciones. El problema lo tendrá el independentismo cuando quiera aprobar leyes o más aún con los presupuestos.

Si ya el jueves pasado, el Ejecutivo quedó en la cuerda floja, tras esta última crisis queda más que tocado y casi hundido. El presidente de la Generalitat y el vicepresidente se reunieron el viernes de urgencia para tratar de salvar la legislatura y solo pudieron garantizar la estabilidad hasta las sentencias del 1-O. Ahora cuesta adivinar cómo piensan sortear los próximos meses y cómo van a gobernar sin la mayoría.

El Gobierno de Pedro Sánchez, mientras, encuentra motivos para un prudente optimismo. Fuentes cercanas al jefe del Ejecutivo dejaron caer ayer que, en cierta medida, la división del secesionismo certifica que su estrategia de «ley y diálogo» está dando sus frutos -«algo habrá hecho», dicen- y creen que puede seguir haciéndolo. El presidente del Gobierno, sin embargo, evitó colgarse medallas en público y, durante una comparecencia en la Moncloa junto al presidente de Chile, Sebastián Piñera, se limitó a expresar sus deseos. «Má allá de hechos puntuales -dijo-la posición del Gobierno es que de una vez por todas, el diálogo y la legalidad se materialice en Cataluña y la unilateralidad y la quiebra de la legalidad, quede en el pasado».