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El cerco político tendido en torno al ministro del Interior por la tragedia de Melilla ha incorporado un relevante factor a la compleja ecuación en la que se mueven el PSOE, sus socios de Gobierno y de investidura y la oposición comandada por el PP. ... El ala socialista del Gobierno, con el aval del presidente, respaldó este jueves expresamente a Fernando Grande-Marlaska y, por si había alguna duda, este negó que tenga intención de dimitir. Pese a ello, ni el PP ni los aliados de Sánchez se vieron impelidos a cambiar de estrategia. Al menos este jueves. Pero el tiempo corre, frente a las explicaciones «insuficientes» o directamente falaces que unos y otros atribuyen a Grande-Marlaska.
Los populares, que siguen sin despejar qué acabarán haciendo con la comisión de investigación exigida por la izquierda y los independentistas, tiran ya por elevación y corresponsabilizan al presidente de la actuación de su ministro en lo referido a los aciagos acontecimientos del 24 de junio. El partido al frente de la oposición, que «no descarta nada» - la reprobación parlamentaria de Grande-Marlaska y promover una comisión investigadora propia, sin decir aún un 'no' tajante a la que promueven los socios de Sánchez- amagó este jueves con forzar la comparecencia en el Congreso del jefe del Ejecutivo si sigue sin mover ficha. Y no parece dispuesto a hacerlo.
La amenaza la lanzó portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, quien martilleó sobre el clavo que su partido ha fijado en la pared desde que distintas informaciones periodísticas -entre ellas, un vídeo inédito de este periódico que sitúa la avalancha mortal en suelo español- empezaron a desmontar la versión oficial del ministerio: que Grande-Marlaska debe abandonar el Gobierno o el presidente destituirle. «Cómo mínimo fallecieron 23 personas», constató Gamarra. ¿Es que Pedro Sánchez no va a cesar al ministro del Interior?», preguntó, situando el peso de las decisiones sobre el jefe del Ejecutivo. y después de acusar de nuevo al magistrado vasco de mentir y de ocultar pruebas sobre la tragedia.
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La verbalización por GrandeMarlaska de que no va a renunciar y por el ala socialista del Gobierno de su respaldo han situado a Unidas Podemos y al resto de aliados de Sánchez en un terreno incierto, en el que su exigencia de explicaciones y su impulso a la comisión de investigación pueden toparse con una doble frustración. El ministro se ha mostrado dispuesto a desgranar sus argumentos en el Congreso, pero sin clarificar de qué forma y con la cobertura de que el PSOE no va a permitir la comisión fiscalizadora que pretenden sus socios. Y esta sigue dependiendo de lo que haga el PP, foco ahora, paradójicamente, de las apelaciones de la izquierda y del independentismo.
El bloque de la investidura desconfía de que las verdaderas intenciones de los populares pasen por esclarecer la tragedia, especialmente ante el cuidado con que debe conducirse la derecha para evitar que su crítica a Grande-Marlaska lo sea también contra la Guardia Civil. Pero no por ello dejan de interpelarles, en privado, para que se decidan sobre la comisión. Fuentes de ERC, el socio que más lejos ha llegado en su exigencia de responsabilidades, reclaman al ministro que «empiece por dar explicaciones» -se entiende que veraces- sobre la «gravísima» vulneración de derechos humanos del 24 de junio.
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