Testigos del caso Gabriel, entre ellos la expareja de Ana Julia, ratifican su versión

Al margen del exnovio de Quezada, con quien regentó un establecimiento hostelero ubicado en Las Negras después de que ambos decidiesen trasladarse desde la ciudad de Burgos en la que residían, han comparecido ante el magistrado Rafael Soriano un amigo de la pareja, una menor que es prima Gabriel Cruz y su madre.

Cabe recordar que la Guardia Civil señaló que Ana Julia Quezada, de 43 años y en prisión provisional, comunicada y sin fianza, colocó la camiseta que llevaba el niño cuando se perdió su rastro el 27 de febrero en «un barranco de difícil acceso» de una zona cerca de las Negras el mismo día en que se envió a prisión el acosador de la madre del menor, Patricia Ramírez.

Los agentes sostienen que lo habría hecho, por un lado, para «dar esperanzas para continuar la búsqueda», aunque hacia el norte de Hortichuelas, en dirección opuesta a la finca de Rodalquilar y, además, para, «de forma indirecta, orientar las pesquisas» hacia las Negras, donde vive su ex compañero sentimental citado este martes como testigo y contra el que ya había hecho comentarios en anteriores ocasiones.

El resto de prendas, que pudieron ser recuperadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), las tiró en unos contenedores de la barriada de Retamar, en la capital, ya que enterró el cuerpo sin vida del niño «semidesnudo».

En declaraciones a los periodistas a la salida de la Ciudad de la Justicia, el abogado que ejerce la acusación particular, Paco Torres, ha trasladado que, a la espera de que se levante el secreto de sumario y se le permita el acceso a las actuaciones, las testificales practicadas que forman parte de una tanda más amplia que tendrá continuidad el día 19, «no es que aporten mucho de nuevo».

«Cuando se levante el secreto lo veremos», ha dicho Torres, para quien ninguno de los cuatro ha aportado «dato importante» para la instrucción de la causa que se sigue por presuntos delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.

Al hilo de esto, ha indicado que cree que el fin de esta instrucción «está cerca» y que, por tanto, «está próximo el levantamiento» del secreto sobre las actuaciones. «Creo que queda poca cosa por hacer ya y que va a ser cuestión de dos o tres semanas», ha insistido para matizar que, si bien el juez Rafael Soriano «entiende que, al menos, quedan algunas diligencias por practicar», el secreto «se podía haber levantado ya».

Por su parte, la letrada Beatriz Gámez, quien ejerce la defensa por el turno de oficio de la autora confesa del crimen, ha asegurado a preguntas de los periodistas que los cuatro testigos «se han ratificado en sus manifestaciones» ante la Guardia Civil si bien ha declinado precisar detalles de su narración en sede judicial.

Gámez ha valorado, asimismo, el oficio remitido por el Juzgado de Instrucción 5 de Almería a la Guardia Civil para que cuantifique los gastos derivados del operativo de búsqueda del pequeño durante 13 días para incorporarlo a la pieza separada que se forme por responsabilidad civil.

«Se suele hacer, como ya hicieron en el caso de Marta del Castillo. No obstante, no tenemos noticia oficial al respecto aunque entra dentro de lo normal», ha apuntado.

El juez acordó en el mismo auto en el que ordenaba la ronda de diez testificales, para este martes y el jueves día 19 y fechado el pasado día 3, prorrogar el secreto decretado sobre las actuaciones por un mes más al considerar que no han cambiado las circunstancias que dieron lugar a esta resolución.

Cabe recordar que Patricia Ramírez y Ángel Cruz, padres de Gabriel, ya comparecieron el 22 de marzo durante dos horas ante el magistrado en calidad de testigos y acompañados por los letrados Francisco y Miguel Ángel Torres ya que se han personado como acusación particular en las diligencias que se siguen contra Ana Julia Quezada, ex compañera sentimental del progenitor, por la presunta comisión de delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.

Poco antes de la cita, remitieron un comunicado a los medios de comunicación en que aseguraban que se enfrentaban «sin duda» a «uno de los días más duros». El juez instructor les tomó declaración por separado para indagar en aspectos que permitan aclarar cuál era la relación del niño con Quezada y conocer detalles de su comportamiento hacía ellos durante los 13 días en los que se mantuvo su búsqueda desde que se perdiera su rastro el 27 de febrero en Las Hortichuelas.

Durante este periodo, según considera indiciariamente la investigación y se recoge en el auto de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de la autora confesa de la muerte, «dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño» y «mantuvo el engaño, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte».

El magistrado Rafael Soriano también tomo declaración en calidad de testigo el 23 de marzo a la abuela paterna de Gabriel, de 84 años. Compareció durante media hora y, según los abogados de la acusación particular, fue un trance «muy doloroso». Ella estaba junto a Gabriel y la única sospechosa del crimen cuando se vio por última vez con vida al pequeño y la investigación sostiene que esta última «aprovechó un momento temporal en el que sabía a solar con el niño y que la abuela no lo iba a controlar» para, mediante «engaño» o «promesa de devolverlo pronto a jugar», llevárselo a la finca familiar de Rodalquilar en la que habría ocultado el cadáver.

La nueva tanda de declaraciones se ha ordenado una vez el juez tiene en su poder un informe ampliatorio de la autopsia del niño en el que se señala que la muerte violenta se produjo entre «una o dos horas después» de comer.

Recoge que las muestras del contenido estomacal remitido al Instituto Nacional de Toxicología, con sede en Sevilla, revelan un fallecimiento en las primeras horas del presunto secuestro a manos de Ana Julia Quezada, quien lo llevó a la finca familia de Rodalquilar, situada a unos cinco kilómetros de la casa de la abuela paterna en Las Hortichuelas. El informe preliminar dató el deceso el mismo día de su desaparición, el 27 de febrero, y apuntó como causa de la muerte asfixia.

En su auto de ingreso en prisión, el magistrado sostiene que «resulta presuntamente incuestionable la participación» de Quezada en la muerte del menor y asegura que de su comportamiento «se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen».

Indica que, como parte de ese «macabro plan criminal», se intentó dotar de una coartada haciendo labores de pintura en la finca de Rodalquilar y que actuó supuestamente para tratar de «despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda» hasta encontrar el «momento» de poder «hacer desaparecer el cuerpo».

El juez destaca que enterró su cuerpo sin vida en un «hoyo que previamente había hecho con una pala» y luego quiso deshacerse del cadáver en un invernadero de acuerdo a las intervenciones telefónicas practicadas y cuyo contenido está en una pieza separada. «Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad», concluye.