Teresa Ribera: la escudera climática, a primera línea

El protagonismo de esta jurista y profesora le ha jugado más de una mala pasada en sus postulados climáticos, algo que le ha valido reproches por parte de varios sectores. Su polémica frase de 'El diésel tiene los días contados', a las pocas semanas de acceder al cargo, revolucionó al automóvil. Ribera siempre se ha quejado de que esa afirmación no iba contra la industria de los coches de gasóil, clave en el PIB y el empleo en España; y que la caída en sus ventas -apenas llegan a un tercio del total- no se deben a su posición pública sino a una tendencia a la baja que ya venía de lejos por las nuevas exigencias medioambientales o casos como el 'diéselgate'. La ministra y futura vicepresidenta también defendió a capa y espada las medidas de restricción al tráfico aplicadas por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el centro de la ciudad. De hecho, el programa de gobierno anticipa prohibiciones de esa tipología para las ciudades, y otras medidas como la equiparación del precio del gasóleo con la gasolina, amén de otras figuras medioambientales.

Para Ribera, este es un compromiso vital. Lo ejerce desde hace años. No solo cuando fue Secretaria de Estado de Medio Ambiente en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. También por su presencia en los grandes foros internacionales. Desde 2001 ha faltado en escasas ocasiones a las cumbres anuales de la ONU sobre el calentamiento global. Intervino en las negociaciones del último Acuerdo de París (2015). Y sobre ella quiso el presidente -entonces en funciones- que recayera el protagonismo de las negociaciones e intervenciones públicas en la Cumbre del Clima COP25 que tuvo lugar en Madrid a principios de diciembre. Otra declaración de intenciones en plena negociación de la investidura, que ahora se ve reflejada en una posición más que determinante en el organigrama de Moncloa.

Esa línea contra el cambio climático también le ha servido para trazar sus decisiones en materia estrictamente energética. Hace ahora un año, Ribera consiguió que el sector eléctrico aplaudiese el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIE), un marco que incluía la Ley de Cambio Climático y la Estrategia de Transición Justa hasta 2030. En esos documentos, pendientes de desarrollo, se asienta la apuesta por las energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el fin del carbón y hasta el progresivo cierre de las centrales nucleares en la próxima década. Cuestiones todas espinosas que ya han sido pactadas a pesar de enfrentarse a uno de los sectores más complejos que siempre han provocado quebraderos de cabeza a sus predecesores.

Precisamente como Nadal o Soria -los dos últimos ministros de Rajoy en lides energéticas-, Ribera también ha sido el centro de la diana en las críticas por los precios de la luz. No hay titular de este ministerio que se libre de las quejas de empresas, y sobre todo ciudadanos. Con el repunte de precios eléctricos en septiembre de 2018, la ministra optó por suspender dos impuestos que elevaban la factura de forma temporal; reformar el bono social para familias vulnerables; y anticipar una reforma del sistema eléctrico que ya ha dado sus pasos de la mano de la Comisión de Competencia. Tendrá que conjugar el activismo ecológico con los efectos que muchas de las medidas que pretende aplicar puedan afectar a muchos sectores de la población, desde los mineros hasta las localidades con centrales eléctricas; desde los agricultores hasta quienes residen en las zonas más rurales y con menos recursos económicos para quienes la lucha contra cambio climático no les puede suponer un coste a sus bolsillos.