Rechazan la treta del teniente que se masturbó delante de una soldado para evitar la prisión

El auto del tribunal castrense detalla que el teniente sufre un trastorno neurológico fruto de la rotura de un aneurisma (HSA). La resolución valora si la evolución de la enfermedad puede verse afectada con su estancia en la cárcel. Y tras analizar el reglamento penitenciario para este tipo de situaciones, concluye que la patología en concreto sí puede conllevar la suspensión de la pena de prisión, pero que en el caso del condenado «se desprende que se encuentra dado de alta» en su domicilio y el riesgo vital, por lo tanto, no es elevado.

La Fiscalía militar informó desfavorablemente de la concesión del beneficio al considerar que no concurren los requisitos exigidos: que los delitos sumen menos de dos años de prisión, que la enfermedad referida sea grave e incurable o que haya satisfecho ya la responsabilidad civil confirmada por el Tribunal Supremo: 106.000 euros. Sin embargo, la defensa recurrió esta decisión en reforma al mismo tribunal y aportó nuevos datos sobre el precario estado de salud del condenado, según su abogado. Se está a la espera de que se pronuncie de forma definitiva.

Los hechos probados fueron cometidos entre octubre de 2014 y marzo de 2016 en la Escuela Militar de Paracaidismo 'Méndez Parada', en Alcantarilla (Murcia). El teniente Corona, por aquel entonces subteniente, cometió un delito de trato degradante o inhumano en concurso ideal con uno de lesiones psíquicas, castigado con tres años y un día de prisión, según el Código Penal Militar; y otro delito de abuso sexual, por el que le condenaron a un año y seis meses de cárcel.

El oficial formaba parte de lo que en el argot se conoce como 'olimpo paraca', contaba con ocho condecoraciones y era uno de los 15 militares que en 1978 fueron seleccionados para fundar la unidad de paracaidistas.

Según los hechos probados, el condenado aprovechó «momentos en los que estaba a solas» en el despacho de la Secretaría de la Jefatura de Estudios para acosar a la soldado, destinada en aquel departamento. Le decía frases como «mira como me pones» o «¿te gustaría comérmela?», y protagonizó actos «de un marcado carácter sexual». Ésta, pese a oponerse, sufrió tocamientos en alguna ocasión en los genitales y recibió «reiteradas proposiciones de mantener relaciones sexuales, con veladas amenazas en caso de no acceder a ello».

Según sentenció la mayoría del tribunal militar, otro episodio confirmado ocurrió en enero de 2016, con ocasión de un trayecto desde la base al Hospital Militar de Cartagena en un vehículo conducido por la soldado. El condenado iba en el asiento del copiloto y llegó a masturbarse. En el trayecto de vuelta éste le propuso ir a una vivienda para mantener relaciones sexuales, pero la víctima no contestó y regresó rápido a la base.

Este hecho aceleró la denuncia de la soldado ante sus superiores y llevó como prueba una foto del condenado masturbándose delante de ella. Tras ello, el comandante de la base activó el protocolo de acoso sexual.

En el juicio celebrado por el tribunal castrense, la Fiscalía fue especialmente gráfica en su escrito de acusación. Concluyó que la posición dominante del condenado le hacía estar en una situación de «impunidad» con respecto a su subordinada, «arriesgarse» cada vez más y creerse «amparado» por la institución militar. La víctima sufrío además el desplante del Ministerio de Defensa, que no renovó su contrato profesional por alargarse la baja, «aumentando así su dolor y el daño causados», según su abogado Antonio Suárez-Valdés.

El tribunal también consideró probado la relación de la baja médica de la víctima con el acoso sufrido - vivió vivencias «muy traumáticas», según el psiquiatra que la atendió- y admitió que el estrés postraumático derivó en problemas gastrointestinales que se cronificaron.

En el juicio celebrado por el tribunal castrense la Fiscalía fue especialmente gráfica en su escrito de acusación. Concluyó que la posición dominante del condenado le hacía estar en una situación de «impunidad» con respecto a su subordinada, «arriesgarse» cada vez más y creerse «amparado» por la institución militar. La víctima sufrío además el desplante del Ministerio de Defensa, que no renovó su contrato profesional por alargarse la baja, «aumentando así su dolor y el daño causados», según su abogado.