Un juez suspende el permiso municipal para exhumar a Franco

El traslado de los restos de Franco lleva camino de convertirse en un quebradero de cabeza perpetuo para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha hecho de la exhumación una razón de Estado. No ha hecho falta que el Tribunal Supremo resuelva el asunto porque un juzgado de Madrid, a instancias de un particular, ha emitido un auto contra el que no cabe recurso en el que suspende el permiso de obras concedido por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, y da tres días de plazo al consistorio para presentar alegaciones.

El juez Yusti, de reconocida trayectoria conservadora y ferviente detractor de la ley de Memoria Histórica, sostiene que «no se aprecia especial urgencia», término recogido en el acuerdo del Consejo de Ministros para proceder al traslado, para «la exhumación del que fue Jefe del Estado, puesto que lleva enterrado en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos desde el día 23 de noviembre de 1975, es decir, más de 44 años».

Yusti reproduce en su auto parte del informe de los arquitectos José Ismael de la Barba y Enrique Porto, elaborado a petición de la fundación Francisco Franco, y que advierte que los trabajos de la exhumación «afectan de manera muy importante a la seguridad de personas y bienes». El juez recuerda que se trata de «remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso, y no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar, y por tanto peligroso».

Hace un par de meses, el antropólogo forense y profesor de Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco, Francisco Etxeberria, sostuvo en cambio que se trata de una operación sencilla porque «no necesita maquinaria pesada». Señaló que «con una grúa simple se puede levantar la cubierta y hacerla rodar en el suelo, como se hizo en la tumba de (el general Emilio) Mola». Solo se precisa «habilidad y pericia», apuntó.

Pero más allá de los argumentos técnicos, hay unadisputa política subterránea entre los nietos del dictador y el Gobierno socialista. El Ayuntamiento de El Escorial, al que pertenece el Valle de los Caídos, recibió en su momento 17 alegaciones, que desestimó, contra la concesión del permiso de obras. Todas estaban redactadas con términos similares sobre «la profanación» que suponía la exhumación.