Griñán se exonera ante el Supremo de la concesión de los ERE

El alegato de Griñán, quien fuera también presidente del PSOE entre 2012 y 2014, se centró en desmontar los hechos probados por el tribunal de instancia. En concreto, quien era consejero de Economía y Hacienda cuando se autorizaron las ayudas sociolaborales para empresas en crisis señaló que la sentencia no recoge «ninguna irregularidad» de su departamento e insistió en que tampoco consta que le moviera «ningún ánimo de lucro» personal. «No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos», expuso su abogado, endosando la responsabilidad de forma indirecta a la Consejería de Trabajo y Empleo.

El letrado José María Calero explicó que Griñán, de 75 años, llegó al Gobierno andaluz en abril de 2004 y no tuvo «ninguna relación» con los hechos considerados núcleo de la causa; es decir, la puesta en marcha del supuesto programa de ayuda para favorecer los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). «No tiene nexos con la creación de ese mecanismo», señaló al tribunal para luego reiterar que «no tiene nada que ver» con las subvenciones, el convenio o las ayudas individuales concedidas.

En cambio, la sentencia de la Audiencia de Sevilla sí consideró probado que Griñán era «plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos» dada la responsabilidad de Hacienda en la concesión del dinero de los ERE, parte del cual fue desviado de forma irregular.

La defensa criticó a los magistrados que le condenaron «por confundir actuaciones políticas con tareas administrativas» de cada consejería. Este argumento también fue utilizado por otros abogados, quienes dijeron que los hechos que se declaran acreditados no se corresponden con la realidad. «Está claro que el objeto del delito de malversación son las ayudas individuales que han sido otorgadas. Sin embargo, las ayudas individuales no son objeto de enjuiciamiento en este procedimiento», subrayó Encarnación Molino, que representa al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, también condenado.

El abogado de José Antonio Viera, consejero de Empleo entre 2000 y 2004, incidió en que la sentencia «es un cúmulo de conjeturas y especulaciones repetidas». Mientras que el defensor de su sucesor en Empleo, Antonio Fernández, afirmó que está «llena de oscuridades y contradicciones» con «graves errores». A su juicio, hay una «incongruencia absoluta» entre los hechos probados y el fallo.

Así, expuso que la tesis de la instrucción y la resolución por la que se castigó a su representado consistió a priori en «considerar como prevaricadores todos y cada uno de los actos» llevados a cabo. Y reprochó que se presumiese de la existencia de un «plan organizado inverosímil para el desvío de una ingente cantidad de dinero». «Se ha incluido la malversación sin entrar en el cómo, el cuándo y el dónde», concluyó el abogado del exnúmero dos de Trabajo, Juan Márquez.