El Supremo reitera la orden de detener a Puigdemont en España pese al tribunal europeo

Después de traducirlo, desde el alto tribunal tienen previsto responder al TGUE, aunque fuentes de la Sala Segunda (de lo Penal) ya avanzan que su postura sobre la orden de detención nacional permanece inamovible. Esto es, que si Puigdemont pisa suelo español será detenido por su procesamiento en la causa del 'procés' secesionista, diga lo que diga la Justicia europea.

El encargado de responder al TGUE y a la defensa de Puigdemont será precisamente el juez instructor del 'procés' Pablo Llarena, que este miércoles mismo conoció un nuevo movimiento del abogado del líder independentista para apartarle. La razón es que Llarena recibió a principios de octubre un premio de una fundación, llamada Villacisneros, que defiende la unidad nacional y el «fortalecimiento de España», según expone la petición de recusación. Algo que, en opinión del letrado Gonzalo Boye, afecta a la «imparcialidad» del magistrado para seguir con la instrucción de la causa.

Sobre el auto del TGUE, en el Supremo reiteran una obviedad tras un primer análisis del texto: la existencia de una falta de sintonía entre las resoluciones que emite la Justicia europea respecto a los huidos del 'procés' con las decisiones que dicta el Supremo español. En cualquier caso, tienen claro que la postura de la corte comunitaria no influye en la causa porque el derecho español no está supeditado al europeo.

La resolución del vicepresidente del tribunal europeo también afecta a las demandas presentadas por los otros dos eurodiputados de JxCAT y exconsejeros catalanes huidos, Toni Comín y Clara Ponsatí.

Con el arresto durante unas horas de Puigdemont en Cerdeña a cuenta de la euroorden emitida por Llarena, la defensa de los tres políticos vieron un espacio para volver a solicitar medidas cautelares al considerar que la actuación de la Policía italiana dejaba en evidencia que seguía existiendo un riesgo de ser detenidos mientras la Justicia europea resolvía el asunto de su inmunidad como eurodiputados.

Sin embargo, el TGUE concluyó que esos mismos hechos prueban que no existe un riesgo de perjuicio «grave» puesto que Puigdemont fue puesto en libertad tras examinar el razonamiento de la Justicia europea en el primer auto de julio.

Por su parte, desde Junts hicieron este miércoles presión al advertir al Gobierno de coalición que sería «ilegal» detener al expresidente si regresara a España y, en este sentido, pidió al Ejecutivo que dé órdenes para que no sea detenido porque las órdenes de detención y entrega dictadas por Llarena, y que también están a la espera de un examen de la Justicia europea, están en suspenso.