El Supremo rechaza mover    ficha con Puigdemont y deja 'libres' dos meses para negociar

Llarena no quiere un nuevo culebrón judicial a cuenta de un huido tan significado y menos ahora, cuando los endiablados resultados del 23-J han puesto a Carles Puigdemont, de nuevo, en el centro de la política nacional.

En la práctica, el instructor pospone cualquier decisión, al menos, hasta las puertas de otoño. Y todo, según explican fuentes judiciales, para no recibir otro varapalo judicial, ya que el fallo    del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que retiró la inmunidad como europarlamentario a Puigdemont el pasado 5 de julio no es todavía firme. Es más, la protección parlamentaria podría volver de inmediato, al menos de forma temporal. Y es que nadie en el Supremo descarta que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) acepte reintegrar de manera cautelar el blindaje judicial al exjefe de Gobierno catalán, tal y como va a pedir con toda probabilidad la defensa del huido en su recurso casación.

Los abogados de Puigdemont, recuerda el juez, tienen para apelar ante el TJUE un plazo de dos meses y 10 días, que se cumple este próximo 15 de septiembre. Por lo que cualquier decisión sobre el expresident no se producirá antes de esa fecha, cuando las conversaciones para la investidura de Sánchez puedan estar ya iniciadas o, incluso, avanzadas. En cualquier caso, explican    a este periódico fuentes del caso, la Corte de Luxemburgo no resolverá de forma definitiva sobre la inmunidad previsiblemente hasta principios de 2024, cuando las conversaciones sobre la investidura deberían haberse concretado o naufragado.

El instructor del Supremo explica que, aunque el TGUE rechazara mantener la inmunidad de manera cautelar, aun así tendría tiempo para pedir la reactivación de la euroorden visto que el plazo máximo que establece la Decisión Marco 2002/584/JAI para resolver cualquier reclamación de entrega es de tres meses.    El juez abunda en que no existiría ninguna dificultad para que los procesados pudieran ser puestos a disposición de la justicia española antes de disolverse la Eurocámara para la que fueron elegidos y «para cuyo desempeño se les concedió la inmunidad cuya suspensión se peticionó desde un inicio».

En su providencia, Llarena    hace un repaso del larguísimo culebrón judicial por el que ha pasado este proceso para tratar traer de vuelta a España al expresidente de la Generalitat. Primero, el Parlamento Europeo suspendió la inmunidad de la que gozaban los procesados, pero Puigdemont y Comín recurrieron la decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea.

Durante la tramitación del recurso, y aun cuando el TGUE denegó la medida cautelar de suspender la retirada de la inmunidad, esa iniciativa provisional fue acordada por el TJUE en resolución de 24 de mayo de 2022. De modo que los procesados continuaron disfrutando temporalmente del privilegio que les correspondía de inicio como parlamentarios.

Esa medida cautelar decayó al desestimar el TGUE, en la citada sentencia del pasado 5 de julio, el recurso interpuesto por los procesados contra la decisión del Europarlamento de conceder el suplicatorio cursado por el instructor del Supremo.

Hasta ahí llegan los ritmos de la justicia española que pudieran solaparse con las posibles negociaciones para la investidura. Porque –y así lo subrayan desde el Supremo– los movimientos de Puigdemont resultan imprevisibles. Por lo pronto, desde que a principios de mes se le retirara la inmunidad, el expresident no se ha movido del Waterloo belga donde se autoexilió, aunque nadie descarta que pueda arriesgarse a salir al extranjero y provocar un escenario totalmente diferente.