El Supremo rechaza las cautelarísimas reclamadas por Borràs contra la retirada de su escaño

El alto tribunal señala que el escrito de Borràs no ofrece «ningún argumento» para justificar la urgencia que requiere una suspensión cautelarísima sin oír, en este caso, a la Junta Electoral Central. Tras la decisión de la Junta Electoral de dejar sin efecto el escaño de Borràs en el Parlament, la presidenta de Junts solicitó medidas cautelarísimas al Supremo para que dejara en suspenso la retirada de su acta de parlamentaria mientras no haya sentencia firme.

En el mismo auto, el Supremo acuerda incoar un incidente cautelar ordinario. Y en consecuencia, concede a la Junta Electoral Central y al Ministerio Fiscal un plazo hasta el próximo viernes para que efectúen alegaciones sobre la medida cautelar. El Parlament también pidió al Supremo la suspensión cautelar, que no cautelarísima, de la retirada del escaño a Borràs. El Alto Tribunal ha dado diez días a la Junta Electoral para que se pronuncie antes de dictar una resolución.

Está por ver ahora, si la Junta Electoral espera a la decisión del Alto Tribunal sobre la cautelar. Y es que, por ejemplo, en el caso de Pau Juvillà, exdirigente de la CUP, el órgano administrativo ordenó la retirada de su escaño antes de saber la decisión del Supremo sobre las cautelares. Entonces, el ente arbitral de las elecciones dio cinco días al Parlament para que hiciera efectivo el cese. Ante las posibles consecuencias legales, la Mesa de la Cámara catalana, que estaba presidida por Laura Borràs, acabó asumiendo la retirada efectiva del escaño.

Según la JEC, la ley electoral y la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional avalan la retirada del escaño, aunque la sentencia no sea firme, si se trata de una condena de inhabilitación por un delito como la prevaricación.

El pasado 3 de mayo, la Junta Electoral Central notificó al Parlament su decisión de «dejar sin efecto» la credencial de diputada de Laura Borràs. El organismo administrativo «declaró vacante» su acta de parlamentaria tras ser condenada a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por haber cometido los delitos de prevaricación y falsedad documental. Tras recibir la notificación de la Junta Electoral, la vicepresidenta en funciones de presidenta del Parlament, Alba Vergés(ERC), convocó una reunión extraordinaria de la Mesa de la Cámara catalana. La Mesa decidió agotar la vía judicial en defensa de la dirigente nacionalista, presentó un recurso ante el Supremo y pidió medidas cautelares, cautelarísimas en el caso del recurso presentado por los abogados de la líder soberanista.