El Supremo pide un informe a la Fiscalía por las querellas al Gobierno por la gestión sanitaria

En esta lista está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros de Sanidad y del Interior, Salvador IIIa y Fernando Grande-Marlaska, o el vicepresidente Pablo Iglesias, como responsable de Asuntos Sociales.

Tras recibir el informe del fiscal sobre cada procedimiento, la Sala decidirá si abre una causa en el caso de que aprecie indicios de delito en los hechos denunciados. En el caso contrario, procederá a su inadmisión.

El primero en abrir la vía penal contra el Gobierno fue un abogado. A finales de marzo, Víctor Valladares acudió al Supremo para denunciar al presidente Pedro Sánchez por delitos de prevaricación y/o lesiones por imprudencia profesional por permitir la Delegación del Gobierno la manifestación en Madrid del Día de la Mujer del 8 de marzo. Otro abogado, Raúl Castañeda, fundador del despacho Preico Jurídico, registró una denuncia contra Sánchez por los mismos hechos y su colega de profesión Luis Alberto Pardo registró una tercera denuncia en la que expone la posible comisión de un delito de daños por imprudencia.

 

A principios de abril llegó al Supremo una denuncia de una plataforma de nuevo cuño creada al calor de la crisis sanitaria. Los afectados por la covid-19, bajo la batuta de Carmen Balfagón, exdirectora del Imserso y vinculada a Vox, denunció al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y al titular de Sanidad Salvador IIIa por su responsabilidad en la gestión de la crisis.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó una querella contra Salvador IIIa por la falta de protección del personal sanitario para luchar contra el coronavirus. Se trata del colectivo con mayor número de infectados y el sindicato atribuye al ministro delitos de homicidio imprudente, lesiones y contra los trabajadores por infringir las normas de prevención de riesgos.

La falta de protección individual y el fallecimiento de cuatro agentres llevó a la minoritaria Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil) a querellarse a principios de abril contra IIIa y Grande-Marlaska, respectivamente, por delitos similares a los del CSIF. Tras la Semana Santa, la Asociación de Abogados Cristianos presentó acciones penales contra el Gobierno tras la decisión de la Policía Nacional de desalojar a una veintena de feligreses de catedral de Granada durante la misa de Viernes Santo.

La querella apunta al presidente, los vicepresidentes Pablo Iglesias y Carmen Calvo y los ministros Irene Montero, Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa, José Luis Ábalos, Margarita Robles o el director de Emergencias Fernando Simón. Al ser querella y no denuncia les imputan directamente omisión del deber de socorro y prevaricación por "no tomar medidas pese a estar informado de la letalidad del virus".

Un colectivo de la Policía Municipal de Madrid también se querelló contra Sánchez e IIIa por estos hechos y el despacho del abogado de Antonio Cortés se dirigió contra el presidente por vulneración de derechos fundamentales por el estado de alarma.

Vox también respalda la ofensiva judicial de la pandemia con una querella contra Sánchez, Calvo e Iglesias por delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones y contra los trabajadores. La judicialización de la política es una marca característica del partido de Santiago Abascal, que ya ha presentado sin éxito en diferentes tribunales más de una docena de querellas contra rivales políticos.

El colectivo sanitario también se ha mostrado activo. El Consejo General del Colegio de Enfermería, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos o la Asociación de Médicos Titulados Superiores han presentado denuncias por delito contra la seguridad de los trabajadores. Además de señalar al ministro IIIa, el primer grupo se dirige contra tres altos cargos de Sanidad.

Finalmente, una familia de Huelva pide responsabilidades penales al presidente del Gobierno y cuatro ministros por el fallecimiento de un marinero jubilado de 79 años por la covid-19 y el colectivo ultra Hogar Social Madrid actúa contra Grande-Marlaska por las declaraciones sobre las persecución de bulos del jefe de la Guardia Civil José Manuel Santiago.