El Supremo ordena reabrir el último fleco del 'caso Filesa' del PSOE

La Sala Segunda (de lo Penal) estima así el recurso presentado por el PP, acusación popular en el procedimiento, y señala que esa prescripción de delitos se acordó de forma errónea, Esto es, sin que todavía se hubiera determinado claramente el objeto del enjuiciamiento, «por lo que no es posible conocer la concreta imputación para determinar los términos que pueden dar lugar a la prescripción del hecho delictivo».

«Será a partir de esa determinación del objeto procesal cuando pueda examinarse la procedencia de la prescripción, pues, como señala el recurrente, entre los delitos por los que se ha dispuesto la continuación del procedimiento, caben distintas alternativas delictivas que conforman distintas penas y distintas actuaciones del instituto de la prescripción».

El 18 de noviembre de 2019, la Audiencia de Madrid archivó la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 26 de la capital a Viajes Ceres por supuestamente haber dejado de declarar a Hacienda más de 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros) de las subvenciones que recibió entre 1989 y 1991 del Imserso, para organizar viajes para la tercera edad.

Viajes Ceres –que fue vaciada por sus dirigentes– financió las campañas de viajes para personas mayores en un 40 por ciento con dinero del instituto público que presta servicios para mayores, y en un 60 por ciento con los fondos de los ancianos.

Los investigadores también trataron de demostrar si la agencia había desviado 833 millones de pesetas (cinco millones de euros) a la sociedad Apartahotel Aguamar. Una firma que formaría parte del entramado de Filesa. El inicio de la causa se remontaba a noviembre de 1991, tras la admisión a trámite de una querella del grupo Enatcar por alzamiento de bienes. La empresa de transporte trataba de recuperar la deuda que le había dejado Viajes Ceres, que entró en suspensión de pagos y que no afrontó sus cuentas.

«Dado que el procedimiento ha estado paralizado entre 2009 y 2015, sin que se haya producido avance alguno de la investigación en ese tiempo, deben declararse prescritos los delitos investigados contra la Hacienda Pública y de alzamiento de bienes», expuso la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid hace dos años. Los jueces se habían centrado en los delitos de fraude de subvenciones, delito fiscal e insolvencia.

El Partido Popular impugnó el archivo alegando que el cálculo de los plazos de la prescripción se había realizado teniendo en cuenta los delitos planteados por el recurso del investigado, sin considerar los delitos que ven las acusaciones. También argumentó que la misma Audiencia de Madrid rechazó la prescripción en un auto del 30 de marzo 2016 al tener en cuenta algunas diligencias que habrían interrumpido ese supuesto transcurso del tiempo. Para ello, cita diferentes informes que se solicitaron en 2011 y 2012 a la brigada de investigación de delitos monetarios; lo que a su juicio habría interrumpido la prescripción.

La acusación del PP aprecia los delitos de estafa, apropiación indebida, malversación, fraude, falsedad documental y delitos fiscales. A la luz de estos delitos que no fueron tenidos en cuenta habrá que valorar ahora de nuevo si realmente existe esa prescripción legal de los hechos investigados.