Alberto Rodríguez, al Supremo: «Ha sido un calvario; han querido criminalizar la protesta»

La Fiscalía del alto tribunal, que en un primer momento pedía seis meses de cárcel para Rodríguez, ha rebajado su acusación a tres meses y diez días al entender que la causa se ha alargado durante ocho años y que debe tenerse en cuenta como atenuante muy cualificada las dilaciones indebidas (retrasos).

Los hechos instruidos en la Sala Segunda (de lo Penal) de Supremo ocurrieron el 25 de enero de 2014 en La Laguna con motivo de una manifestación contra el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert, en el marco del rechazo de la ley educativa Lomce. Según la Fiscalía, en el marco de aquella protesta el ahora diputado presuntamente propinó una patada a un policía, algo que niega el juzgado.

Según el relato del Ministerio Público, unas 500 personas se reunieron tras el vallado trenzado próximo a la Catedral de la Laguna, protegido por efectivos policiales y comenzaron a gritar: «Perros, hijos de puta», «quitaos de en medio, dejad a Wert en nuestras manos».

La Fiscalía sostiene que en plena protesta una mujer, auxiliada por otras personas, comenzó a cortar los lazos que aseguraban la valla. Sin embargo, una vez que los agentes le negaron el acceso al interior del templo, volvió al otro lado del vallado. Fue entonces cuando el grupo comenzó a lanzar a los policías diversos objetos, como piedras, botellas de agua y tomates.

En este contexto, el fiscal sitúa a Rodríguez, a quien se acusa de propinar una presunta patada a un policía que sufrió una contusión en la rodilla izquierda, requiriendo asistencia y cinco días de recuperación. El agente de la unidad de intervención UIP ha ratificado este martes ante el tribunal presidido por Manuel Marchena la agresión. «Estábamos haciendo línea porque había compañeros reduciendo a otros detenidos y su intención (la de Alberto Rodríguez) era soltar a otros detenidos. Querían acceder a donde estaban sus compañeros. Nosotros guardábamos la línea y en el amago de intentar entrar recibí el golpe», ha relatado a preguntas de la defensa.

De forma posterior, en el turno de última palabra, el ex número tres de Podemos ha asegurado «que ha quedado evidenciado que no hay ninguna prueba objetiva de la agresión más allá que la mera declaración de un policía». Rodríguez ha recordado ha sufrido un «calvario judicial» durante ocho años, «que no han sido inocuos y que se ha recrudecido a raíz de ser elegido cargo público», cuando las pruebas «no muestran nada, ni los vídeos exhibidos ni las declaraciones incluso de los superiores policiales».

El diputado ha denunciado que en este proceso «se ha puesto en tela de juicio» el derecho de manifestación, de protesta, por unas acusaciones infundadas que hacen mucho daño a los activistas que militan en el movimiento social porque les infunde «miedo y tristeza». «Es evidente que soy inocente. Con esta causa está en el juego el derecho de manifestación y criminalizar la protesta», ha remachado.