El Supremo rechaza que PP y Vox puedan impugnar el nombramiento de Delgado

Pese a los cantos de sirena que colocaban a Delgado en la rampa de salida, amplificados por algunos altos cargos de Vox desde hace semanas, el tribunal de la Sección Cuarta ha zanjado por mayoría el debate en la primera toma de contacto: ni PP ni Vox tienen capacidad legal para impugnar una potestad discrecional del Gobierno, esto es, proponer el nombre del fiscal general que luego nombra el Rey, según establece la Ley Orgánica.

Para ello, los requisitos exigidos son la audiencia del Consejo General del Poder Judicial y la previa valoración de su idoneidad por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. La elección, además, debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Criterios todos ellos que Delgado superó entre enero y febrero de 2020 antes de ser designada fiscal general en sustitución de María José Segarra.

Por lo tanto, la Sala del Supremo ha zanjado cualquier disconformidad de las partes sobre estas cuestiones negando la legitimidad activa de los recurrentes. Ello pese a que el mismo tribunal optó en su día por mantener el asunto sobre la mesa tras inadmitir la pretensión de a Abogacía del Estado para que los recursos fueran inadmitidos por la presencia de los dos partidos políticos.

En sus alegaciones, la Abogacía del Estado señalaba que el Supremo ni siquiera debería entrar a resolver sobre el fondo de esta cuestión porque «la invocación de la libertad individual, el Estado de Derecho, el imperio de la Ley, la independencia de la Justicia y el sistema democrático que hace el partido político recurrente - el PP en ese caso-, no confiere ningún título que legitime la interposición del presente recurso contencioso administrativo». Ahora, la postura inicial de los servicios jurídicos del Estado se ha visto respaldada por la decisión del Supremo. La sentencia y los dos votos particulares se conocerán en los próximos días.

Cabe recordar que el PP, ante este argumento de Abogacía, respondió que debería tenerse en cuenta que la labor de Delgado es susceptible de afectarle «respecto de los diferentes procedimientos judiciales en curso» en los que los populares son parte.

Añadía que, además, como primer partido de la oposición, el PP debía ejercer control sobre los «actos de Gobierno, tanto parlamentariamente como también mediante la interposición de los oportunos recursos ante la jurisdicción ordinaria y la constitucional».

En su demanda de 80 páginas, a la que ha tenido acceso este periódico, el partido presidido por Pablo Casado incluyó que la elección de Delgado aleja a la institución «de su misión de defensa de la legalidad» y recordó, incluso, aquellas palabras de Pedro Sánchez en Radio Nacional sobre la dependencia del Ministerio Público al Ejecutivo.

El PP, al igual que Vox, fundamentaron también sus escritos en el informe emitido por siete de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial que rechazaron la propuesta de nombramiento en enero de 2020. «Las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía», alegaron.